El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha hecho un llamado este viernes a los países miembros de la Unión Europea para «no secuestrar o retrasar innecesariamente» la solicitud de España de incluir el catalán, euskera y gallego como idiomas oficiales de la UE, una iniciativa que ha generado «dudas» legales y económicas entre algunos estados, aunque el Gobierno español asegura que estas han sido resueltas.
Sampedro ha expresado su disposición al «diálogo» y está listo para proporcionar las aclaraciones necesarias durante el debate que tendrán lugar cerca del mediodía en el Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas, advirtiendo que «lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente».
Desde el acuerdo con Junts en agosto de 2023 para defender la oficialidad del catalán en la UE, el tema ha estado presente en seis encuentros del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro veces bajo la presidencia de España, una vez bajo la de Bélgica y otra bajo la de Polonia. Este viernes marcará la séptima vez que se discute el asunto a nivel ministerial, aunque no se anticipa una votación ya que se necesita unanimidad entre los Veintisiete, consenso que hasta ahora no ha sido alcanzado.
Varios países, incluyendo a Polonia y Dinamarca, han manifestado al inicio de la reunión que aún existen «muchas dudas» sobre la premura de tomar una decisión. En este marco, Sampedro ha defendido que España ha entregado información fiable para responder a todas las interrogantes de sus socios y ha ajustado la última propuesta para incluir un compromiso explícito del Gobierno de cubrir todos los costos que conlleve la oficialidad de las lenguas cooficiales.
La Comisión Europea realizó a finales de 2023 una evaluación «preliminar» que estimaba un gasto anual de 132 millones de euros (44 millones por cada lengua) para el reconocimiento del catalán, euskera y gallego, aunque mencionó que haría una evaluación más detallada si así se lo solicitaban España o el Consejo. «Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados», afirmó Sampedro, refiriéndose a la opinión negativa de los servicios legales del Consejo que sugirieron que podría necesitarse una reforma de los Tratados. Varios países han pedido un informe legal por escrito para esclarecer este punto.
«No se trata de confrontar, se trata de dialogar», insistió Sampedro, destacando que el Gobierno respondió rápidamente tras el debate de mayo y preparó un memorando de cuatro páginas que se distribuyó entre las capitales antes de este Consejo para resolver las dudas pendientes. Además, España ha presentado un informe jurídico de la Abogacía General del Estado, subrayando que «todos los Estados miembro saben cómo de importante es esta iniciativa para España» y que busca «acabar con una discriminación» hacia «20 millones de europeos».