España, junto con otros 19 Estados, ha censurado las medidas unilaterales aprobadas por Israel para reforzar su control sobre Cisjordania, al considerar que estos pasos y los asentamientos “ilegales” suponen una “violación flagrante” del derecho internacional.
“Estas decisiones forman parte de una trayectoria clara que tiene por objeto cambiar la realidad sobre el terreno y promover una anexión 'de facto' inaceptable”, ha señalado este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, advirtiendo de que “también socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, entre ellos el Plan de 20 puntos para Gaza” y “amenazan cualquier perspectiva relevante de integración regional”.
El texto está suscrito por España, Brasil, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Palestina, Portugal, Qatar, Arabia Saudí, Eslovenia, Suecia, Turquía y por los secretarios generales de la Liga de los Estados Árabes y de la Organización de Cooperación Islámica, que condenan “en los términos más enérgicos” las últimas decisiones adoptadas por Israel sobre Cisjordania.
“Instamos al Gobierno de Israel a que las revoque de inmediato, respete sus obligaciones internacionales y se abstenga de tomar medidas que den lugar a cambios permanentes en la situación jurídica y administrativa del Territorio Palestino Ocupado”, reclama el departamento que encabeza José Manuel Albares en nombre de todos los firmantes.
Los países sostienen que estas medidas “siguen a la aceleración sin precedentes de la política de asentamientos de Israel, con la aprobación del proyecto E1 y la publicación de su licitación”, y que “constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad del Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados”.
En la misma línea, reiteran su “rechazo” a “todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino Ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este”. “Nos oponemos a cualquier forma de anexión”, subrayan los firmantes.
Ante “la alarmante escalada de violencia” en Cisjordania, los países firmantes exhortan también a Israel a detener “la violencia de los colonos contra los palestinos”, entre otras medidas “haciendo que los responsables rindan cuentas”.
“Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar medidas concretas, de conformidad con el derecho internacional, para combatir la expansión de asentamientos ilegales en territorio palestino y las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión”, añaden en el comunicado conjunto.
Defensa del Estado palestino y del statu quo en Jerusalén
Al mismo tiempo, los Estados firmantes subrayan —en “el mes sagrado del Ramadán”— “la importancia de preservar el 'statu quo' histórico y jurídico en Jerusalén y sus Santos Lugares”, y reconocen “el papel especial que desempeña la custodia histórica de los hachemitas”. “Condenamos las reiteradas violaciones del 'statu quo' en Jerusalén, que constituyen una amenaza para la estabilidad regional”, advierten.
Los países reclaman además a Israel que “libere inmediatamente los ingresos fiscales retenidos a la Autoridad Palestina”. “Esos ingresos deben transferirse a la Autoridad Palestina, de conformidad con el Protocolo de París, y son vitales para la prestación de servicios básicos a la población palestina en Gaza y Cisjordania”, señalan.
“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con el logro de una paz justa, completa y duradera en Oriente Medio sobre la base de la solución de dos Estados, en consonancia con la Iniciativa de Paz Árabe y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, sobre la base de las fronteras del 4 de junio de 1967 (...). Sólo mediante la creación de un Estado palestino independiente, soberano y democrático se podrá lograr la coexistencia entre los pueblos y los Estados de la región”, concluyen los firmantes.
El Ejecutivo israelí dio luz verde el pasado 15 de febrero a una iniciativa que contempla la designación como “terrenos del Estado” de amplias áreas de Cisjordania y amplía sus atribuciones administrativas sobre esta parte del territorio palestino.
Cisjordania —incluida Jerusalén Este— y la Franja de Gaza quedaron bajo ocupación militar israelí tras la guerra de 1967, junto con los Altos del Golán sirios. En Cisjordania residen en torno a 700.000 colonos judíos, repartidos entre colonias reconocidas por Israel y asentamientos que incluso el propio Gobierno israelí considera ilegales, mientras que el Derecho Internacional califica todos ellos como ilegales y considera la política de colonización un crimen de guerra.