La estrategia de defensa de 2023 ya incluía la desconexión con industrias extranjeras, según Seguridad Nacional

La Estrategia de Defensa de 2023 y la Nacional ya preveían la desconexión con industrias militares de terceros países antes del conflicto con Israel.

La directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, comparece en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

La general Loreto Gutiérrez Hurtado, directora de Seguridad Nacional, ha subrayado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que las Estrategias Industrial y Nacional de Defensa de 2023 ya contemplaban la ‘desconexión’ con las industrias militares de países terceros antes del conflicto con Israel.

Este recordatorio surge en el contexto del proceso de ‘desconexión’ militar con Israel, promovido por el Ministerio de Defensa antes de que se consolidara la ley de embargo de armas a dicho país, una medida que se aplica ‘de facto’ desde el 7 de octubre de 2023. Gutiérrez Hurtado mencionó que se busca reemplazar los productos israelíes asegurando que no afecte a las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque se reconocen ciertas ‘dependencias’ en materiales específicos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció la finalización oficial de las relaciones industriales con Tel Aviv en el sector de la defensa a mediados de septiembre. Por otro lado, el diputado del PP Rafael Hernando cuestionó la cancelación de una serie de contratos de suministro militar con Israel, considerados esenciales para la ‘seguridad’ nacional, indagando sobre posibles ‘indemnizaciones’ por las cancelaciones ‘unilaterales’.

EN ESPAÑA O EN CONSORCIOS EUROPEOS

La general destacó que, para los materiales ‘críticos’, las estrategias defensivas sugieren que estos deben ser de origen nacional o de consorcios europeos, subrayando que la responsabilidad recae en los ministerios correspondientes. Además, informó que el Ministerio del Interior inició la semana pasada un proceso para resolver un contrato por ‘imposible cumplimiento’, referente a la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil, aclarando que la anulación del contrato no involucra costos adicionales más allá de la devolución de 275.000 euros de un depósito previo.

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