Varios miembros del Parlamento Europeo, pertenecientes a los bloques de izquierda, verde, liberal y socialdemócrata, han enviado una carta este lunes a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, pidiendo que se cancele una muestra organizada por Vox titulada ‘La Cruz como símbolo de las raíces cristianas’. Los firmantes denuncian que la exposición representa ‘una operación de blanqueamiento del fascismo’.
La misiva está firmada por Oihane Agirregoitia (PNV), Jaume Asens (Sumar), Pernando Barrena (EH Bildu), Estrella Galán (Sumar), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Vicent Marzà (Compromìs), Ana Miranda (BNG), Irene Montero (Podemos), Diana Riba (ERC) e Isabel Serra (Podemos).
En la carta se solicita la desautorización de la exposición, argumentando que es ‘incompatible’ con los principios y reglamentos de la Eurocámara, y se pide clarificación sobre si la solicitud inicial especificaba que la exposición estaría centrada en el Valle de los Caídos o si se presentó bajo otro propósito.
Además, los eurodiputados instan a la presidenta a confirmar si se realizó una revisión del contenido o de los participantes antes de aprobar la exposición. Según fuentes de Europa Press, los eurodiputados pueden organizar eventos culturales, aunque estos requieren autorización previa. Se añade que el administrador responsable puede cancelar una exposición si se infringen las normativas, como aquellas que afectan la dignidad del Parlamento Europeo.
Se espera que la exposición, que incluye paneles, fotografías y una maqueta, sea inaugurada a las 12:30 horas del martes por Jorge Buxadé, cabeza de la delegación de Vox, y Alejandro Nolasco, portavoz en las Cortes de Aragón.
La carta también recuerda que ‘el Valle de Cuelgamuros fue construido bajo el régimen de Francisco Franco, con trabajo forzado de presos políticos, y durante décadas albergó los restos del dictador en un lugar prominente del monumento’ y que ‘dicho enclave constituye un símbolo de la dictadura y del sufrimiento de miles de personas represaliadas’.
Los eurodiputados subrayan que ‘la legislación española, a través de la Ley de Memoria Democrática, prohíbe expresamente los actos públicos de exaltación de la dictadura franquista y refuerza el deber institucional de preservar una memoria basada en la dignidad de las víctimas’.