La fundación FAES ha censurado este martes que se utilizara la participación del expresidente José María Aznar como una “justificación del boicot” al foro sobre la Guerra Civil previsto en Sevilla, un encuentro que finalmente se celebrará en octubre. A juicio de la entidad, resulta “imperdonable” el empeño de la izquierda en “reescribir” la Guerra Civil con objetivos partidistas.
“Nada más nocivo para la concordia que el intento de volver a 1936 para rescatar con fines partidistas nuestro último naufragio colectivo, como si durante noventa años el frente se hubiese congelado y hoy pudiera presentarse a competidores democráticos como herederos directos de los bandos en guerra”, sostiene la fundación presidida por Aznar en un editorial titulado “No a la guerra”.
El lunes, el escritor Arturo Pérez-Reverte comunicó que las jornadas sobre la Guerra Civil, fijadas inicialmente del 2 al 5 de febrero, se trasladan finalmente al periodo del 5 al 9 de octubre. El aplazamiento se decidió tras la retirada de varios ponentes del programa, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor David Uclés, entre otros.
AZNAR COMO “JUSTIFICACIÓN DEL BOICOT”
Según FAES, la cancelación inicial de las jornadas ha sido explicada por sus propios promotores —Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra— como consecuencia de una “campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes”.
“El anunciado concurso del presidente Aznar ha querido presentarse como justificación del boicot por aquellos que entienden el intercambio libre de opiniones como provocación intolerable”, añade la fundación.
FAES subraya que, en la España actual, “el sectarismo tronado que revienta espacios de diálogo es fruto de una cosecha sembrada a conciencia”, cuyo origen sitúa en el momento en que “una izquierda hasta entonces institucional decidió impugnar la Transición”, imponiendo “una historia oficial que arrojar al adversario”.
“Se quiso sustituir el trabajo de los historiadores confundiendo Parlamento y Comunidad académica, para que la política reescribiese la historia; cuando su verdadero cometido consiste en garantizar que los historiadores debatan con libertad la interpretación y el alcance de los hechos que estudian”, afirma FAES.
Tras afirmar que la izquierda ha tratado de “justificar su política memorial apelando a una necesidad de justicia reparadora”, la fundación recuerda que antes de 2007 —año de aprobación de la primera Ley de Memoria histórica— “ya se habían reparado muchas cosas”. Así, apunta que la reconciliación nacional “era un hecho consagrado jurídicamente en la Ley de Amnistía de 1977 y traducido política e históricamente en una Transición que culminó en una Constitución de consenso”.
FAES destaca igualmente que con el PP de Aznar el Congreso aprobó por unanimidad en 2002 la Declaración del 20 de noviembre, “condenando la represión de la dictadura y pidiendo reconocer los derechos de los exiliados”. Además, recuerda que el primer Gobierno de Aznar impulsó la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos por los bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
“AQUÍ SÍ PROCEDE GRITAR ALGO Y CLARO: NO A LA GUERRA”
La fundación sostiene que “nadie opuso impedimento alguno” a que los descendientes y familiares de las víctimas de ambos bandos durante la contienda y de los primeros años de la dictadura pudieran recuperar los restos de sus allegados, ni a que contaran con apoyo económico del Estado para esa labor.
“Lo que ocurre es que quienes impulsaron las nuevas políticas de memoria, no trataban, en el fondo, de reparar derechos conculcados”, sostiene, para añadir que su objetivo era “reparar el pasado” y “reescribirlo” conforme a cómo “debiera haber sucedido en su imaginario”.
A juicio de FAES, ese no es un fin que deba asumir un gobernante “responsable, custodio de nuestra reconciliación nacional”. “Todavía peor es haberla querido comprometer por un bajo interés partidista: eso es literalmente imperdonable. Aquí sí procede gritar, sin vacilación alguna, alto y claro: NO A LA GUERRA”, concluye, en referencia a las movilizaciones de 2003 contra la participación de España en la guerra de Irak.