QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Cuentas ha identificado ‘deficiencias en el control de la ejecución’ de acuerdos asignados a los Ministerios de Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores durante 2022, especialmente en lo que respecta a la observancia de las ‘condiciones especiales’ estipuladas en los documentos de licitación, resultando en la omisión en la imposición de las responsabilidades adecuadas.
Según se detalla en el informe de fiscalización de los Contratos de la Administración General del Estado correspondientes a las políticas de gasto 11 ‘Justicia’, 12 ‘Defensa’, y 14 ‘Política exterior y cooperación para el desarrollo’ de 2022, aprobado recientemente por el ente presidido por Enriqueta Chicano, se analizaron 103 contratos con un valor de 363 millones de euros otorgados por estos tres departamentos y algunas entidades dependientes.
En la mayoría de estos contratos se observaron falencias en la definición de las condiciones especiales de ejecución, incluyendo solo obligaciones legales básicas, y en la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones, lo que ha llevado a la falta de exigencia de responsabilidades correspondientes. Esto afectó a 18 contratos del Ministerio de Justicia, 48 de los 69 de Defensa, y 12 de los 16 de Exteriores.
SIN SEGUIMIENTO DE LA SUBCONTRATACIÓN
Además, casi en la totalidad de los contratos de estos tres ministerios no se ha realizado el seguimiento y control de la subcontratación. ‘En todos los contratos fiscalizados en que se permite la subcontratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), no existe ninguna actuación del órgano de contratación ni del responsable del contrato para conocer o supervisar el correcto desempeño de la subcontratación, ni tampoco consta ninguna comunicación por escrito de los adjudicatarios de los contratos de la intención de subcontratar ni de la información de los subcontratistas en su caso’, indica el informe.
En la mitad de los contratos de Justicia y en seis de los 16 de Exteriores, no hubo ‘control de la ejecución’ adecuado, limitándose a la verificación de facturas ‘sin dar cumplimiento a las exigencias de control de la ejecución previstas’.
Algunas deficiencias observadas en la fase de preparación incluyen la inclusión injustificada de la experiencia como criterio de adjudicación y no como requisito de solvencia técnica, así como la falta de desglose de los costes directos e indirectos o laborales en la justificación del coste anticipado de los contratos.
