El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que el acuerdo comercial con Mercosur no llegue a aplicarse si antes no existe “plena certeza” de que se aprobarán las “garantías que necesita el campo español”.
En un mensaje publicado en la red social X y recogido por Europa Press, Feijóo ha señalado que entiende que la actual coyuntura geoestratégica empuja a cerrar la alianza entre la Unión Europea y América Latina, aunque ha subrayado que la postura del Partido Popular “no ha cambiado”.
Las condiciones fijadas por el PP
El líder de la oposición ha detallado que la entrada en vigor de Mercosur solo debería producirse cuando se apruebe “un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas”; “el refuerzo de los controles en frontera”; y “la reducción de las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el gobierno central”.
Feijóo ha denunciado que Vox, BNG y las formaciones independentistas “complicaron” este miércoles la luz verde a ese paquete de garantías. “Y es un error. Pero sin ellas, el PP no puede apoyar la aprobación provisional del tratado. Así no”, ha remachado.
Por este motivo, el dirigente popular ha solicitado “formalmente al Gobierno de España y a la Comisión la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español”.
Ayuso se suma a la petición de frenar Mercosur
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha instado este jueves a la Comisión Europea a que no ponga en marcha el acuerdo con Mercosur hasta que “se garantice la protección” de agricultores y ganaderos españoles.
En paralelo, los eurodiputados de Vox y de fuerzas españolas de izquierda como Sumar, ERC y BNG respaldaron este miércoles en Bruselas la iniciativa para denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que demorará su tramitación. En cambio, los representantes de PP, PSOE, PNV y los dos eurodiputados elegidos en la lista de Se Acabó La Fiesta (SALF) que lideró Alvise votaron en contra de esa propuesta en el Parlamento Europeo.
La petición de recabar un dictamen jurídico del Alto Tribunal Europeo sobre el tratado, planteada por grupos de izquierda ante las dudas sobre su encaje con el derecho comunitario, salió adelante por un estrecho margen de unos diez votos.
En la práctica, esta resolución provoca la suspensión del proceso de ratificación del acuerdo, aunque no bloquea necesariamente su aplicación provisional, que queda en manos de la Comisión Europea, que cuenta con una herramienta legal como es el artículo 218 para activarlo.