El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este martes a diputados y senadores del Grupo Popular en el Congreso con el objetivo de exponer en detalle su estrategia de oposición frente al Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos como la regularización extraordinaria de migrantes.
Ese mismo día, el Consejo de Ministros —que estará presidido por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, debido al viaje oficial del jefe del Ejecutivo a China— tiene previsto dar luz verde a la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, más de dos meses después de que se anunciara el procedimiento.
El real decreto permanecía a la espera del dictamen del Consejo de Estado, después de que el Ejecutivo aprobara el pasado 27 de enero tramitarlo por la vía de urgencia tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos. Con este mecanismo, el Gobierno recupera el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y admitida a trámite en el Congreso de los Diputados en 2024 con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, aunque desde entonces ha quedado paralizada.
La nueva regulación se dirigirá, por un lado, a los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025, con independencia de que haya sido o no denegada. En cuanto a los migrantes de carácter económico, el procedimiento se aplicará a quienes puedan acreditar su presencia en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025.
El PP anuncia una batalla total contra la regularización
El Partido Popular ya ha adelantado que recurrirá a todos los resortes a su alcance para frenar la regularización. "No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico, en el ámbito nacional o europeo, que el PP no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad", ha afirmado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación, Alma Ezcurra.
Cuestionada sobre la posibilidad de acudir a los tribunales contra la medida, Ezcurra ha señalado que "habrá que ver qué texto viene para decidir qué vías se siguen y qué cauces se siguen". Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ya ha avanzado que su partido llevará la regularización al Tribunal Supremo y pedirá su suspensión cautelar.
En su intervención, Ezcurra ha defendido que ante la inmigración "ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión". "Hay otra forma de hacer las cosas. Se puede ser firme en la solidaridad y contundente en las exigencias. Hay que venir a aportar, el que necesite ayuda la tendrá, pero con el paraguas de la ley. El que delinca se tendrá que ir", ha subrayado.
La dirigente popular también ha reprochado al Ejecutivo que no haya concretado todavía el volumen real de personas que podrían acogerse a la regularización ni su origen. "El Gobierno habla de medio millón, la plataforma de la regularización habla de 700.000 personas, Funcas habla de 840.000, la Comisaría General de Extranjería, 1.200.000, el CNI, 1.350.000", ha detallado.
Corrupción y accidente de Adamuz, otros frentes en la reunión
En la reunión plenaria del Grupo Popular, que presidirá Feijóo y que comenzará a las 12.30 horas en el Congreso, está previsto que se aborden también los casos de presunta corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, así como el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Asimismo, en este encuentro de Feijóo con sus parlamentarios se tratarán las últimas informaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, como el informe de la Guardia Civil que acredita la rotura de la vía 22 horas antes del siniestro, sin que saltara la alerta en Adif. El PP ha reclamado en repetidas ocasiones la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.