Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado de lleno a criticar la anunciada regularización de migrantes que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez en cuanto foro participa, tanto da que sea en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso como en un acto de la precampaña de los próximos comicios de Castilla y León. El argumento del líder del PP para oponerse a dicha medida es que "no se puede regalar la residencia española" y en su cruzada contra ella promete revocarla de llegar al poder.
Sin embargo, esa oposición a "regalar la residencia" en España de la que hablan los populares admite matices, dado que el mismo Feijóo a menudo apostilla en sus parlamentos que la negativa es a "regalarla a cualquiera", salvando así la posible incongruencia política que pudieran achacarle quienes, tirando de memoria o de hemeroteca, estuvieran tentados a sacar a pasear la Ley 14/2013 que, impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, instauró un sistema excepcional de residencia en el país vinculado al capital: la conocida golden visa que facilitaba permisos de estancia a ciudadanos extracomunitarios que invirtieran 500.000 euros en vivienda.
Feijóo sostiene que no puede “regalarse” la residencia y califica la medida actual de “masiva” al tramitarse por arraigo a quienes puedan demostrar que se encontraban en el país en situación administrativa irregular antes de que finalizara 2025, mientras que el modelo aprobado por su partido hace 13 años facilitaba residencias de forma selectiva.
El PP enmarca su crítica en la diferencia entre inmigración económica selectiva y regularización general: la golden visa respondía a una lógica de captación de capital extranjero tras la crisis financiera, mientras que la regularización extraordinaria actual se justifica en términos de arraigo, integración laboral y salida de la economía sumergida.
¿Regalada o comprada?
Desde el punto de vista jurídico, ambos instrumentos para lograr la residencia de forma excepcional son muy distintos pero en el plano ideológico y político queda flotando la duda sobre una posible incongruencia en el PP porque el resultado es similar, aunque en un caso se "regala" y en otro podríamos decir que se compraba.
Al mismo tiempo, Feijóo ha afirmado que la regularización genera un “efecto llamada”, aunque el Gobierno ha excluido de la misma a quienes lleguen ahora de nuevas al país. Sin embargo, el atajo de las golden visa no tuvo caducidad mientras estuvo vigente, algo con lo que acabó el actual Ejecutivo en 2025, mediante la Ley Orgánica 1/2025 y con el argumento de que distorsionaba el mercado inmobiliario.
Entre 2013 y 2023 se calcula que, gracias a las golden visa, en España se concedieron más de 14.000 permisos de residencia ligados a inversión inmobiliaria y más de 20.000 si se incluyen otras modalidades de inversión: cifras reducidas en comparación a los más de 500.000 permisos que las previsiones más moderadas estiman que provocará la regularización que persigue ahora el Gobierno. Es por ello que el PP habla de regularización "masiva" y advierte del impacto estructural que puede suponer.
La excepcionalidad en la concesión de residencia no es nueva en España, lo que cambia es el criterio que la justifica.