Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha establecido directrices dentro de su equipo más cercano para iniciar la ‘abolición’ de las denominadas ‘leyes sanchistas’ en caso de que el partido alcance el poder en el Palacio de la Moncloa, incluyendo la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda, la Ley Trans, la Ley de Amnistía y la reforma conocida como ‘ley mordaza’.
Además, se ha comprometido a eliminar el ‘cupo separatista’ si es aprobado, y a revertir otras legislaciones como reinstaurar el delito de sedición, intensificar las penas por malversación y prohibir los indultos en casos de corrupción.
Feijóo ha instaurado una Vicesecretaría de Regeneración Institucional en el PP, liderada por Cuca Gamarra, que se encargará principalmente de ‘derogar buena parte del cuerpo legislativo sanchista’ y modificar otras leyes aprobadas por el gobierno actual del PSOE y Sumar. Este esfuerzo es parte del plan de regeneración institucional y democrático que desea implementar en los primeros 100 días de su mandato, si resulta electo.
DEROGAR LA LEY DE AMNISTÍA
Feijóo, tras organizar manifestaciones contra la Ley de Amnistía y la desigualdad, planea su derogación, aunque reconoce que de facto es inderogable en la jurisdicción penal debido al ‘principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo’. A pesar de ello, el PP busca dejar claro con esta medida que ‘el Estado no falló y no se equivocó’.
ENTERRAR OTRAS LEYES COMO MEMORIA, VIVIENDA O TRANS
Desde un principio, el PP ha manifestado su oposición a la ley de Memoria Democrática y a la Ley de Vivienda, y también pretende eliminar la Ley Trans para ‘proteger a los menores’. Feijóo también tiene en la mira derogar el ‘cupo separatista’ y revisar legislaciones como la Ley de Eutanasia, además de buscar consensos en la reforma laboral.
Finalmente, si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, Feijóo sugiere medidas drásticas como una cuestión de confianza o nuevas elecciones. También planea modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal para evitar la ‘contaminación política’ y garantiza una reducción de leyes y burocracia para mejorar la competitividad económica.