El Partido Popular, bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, está finalizando un ambicioso plan de regeneración democrática que prevé, entre otras medidas, el cese inmediato y automático del fiscal general del Estado en caso de ser procesado. Este plan, que engloba más de 60 acciones en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial, busca combatir la corrupción y restaurar la integridad de las instituciones, deterioradas según el PP por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez durante sus siete años en el poder.
Feijóo ha dado una importancia capital a estas medidas, desarrolladas con la colaboración de expertos y académicos. El líder del PP se ha comprometido a implementarlas en los primeros 100 días de su posible gobierno. Además, el plan propone que el nombramiento del fiscal general del Estado requiera la aprobación del Consejo General del Poder Judicial, una medida que busca reforzar la independencia de esta figura clave.
LIGAR EL NOMBRAMIENTO DEL FISCAL AL “VISTO BUENO” DEL CGPJ
El PP, que ha estado trabajando intensamente en este plan durante el verano, quiere ofrecer una alternativa clara a la gestión actual del Gobierno, destacando un enfoque de respeto al Estado de Derecho y a las instituciones, en contraposición a lo que describen como la ‘colonización’ de las mismas por parte de Sánchez.
El documento también incluye medidas para mejorar la gobernabilidad y la calidad legislativa, como la limitación del uso del real decreto ley y la creación de una Oficina de Calidad Democrática, que supervisará la adecuación y efectividad de las leyes y las funciones del poder legislativo.