Alberto Núñez Feijóo, junto a los presidentes autonómicos del PP, ha exigido al ejecutivo de Pedro Sánchez que se haga cargo de forma directa de la atención y financiación de los menores migrantes no acompañados debido a la ‘actual saturación de los recursos de las CCAA’ y que promueva, siempre que sea posible, el ‘retorno’ y la ‘reunificación familiar’ en sus países de origen.
Desde el PP, en la reciente ‘Declaración de la región de Murcia’, se critica la gestión de esta situación, calificándola de ‘arbitraria y carente de transparencia’, y se rechaza su uso como herramienta en las negociaciones políticas con los socios separatistas del Gobierno. Esta declaración fue firmada por Feijóo y sus ‘barones’ el pasado domingo.
La problemática se agudiza en un contexto donde el reparto de 4.000 migrantes en Canarias ha intensificado las tensiones entre el Gobierno y las autonomías del PP, tras la aprobación de un real decreto en agosto sobre la capacidad de acogida de menores migrantes por parte de las CCAA.
En el documento de 15 páginas, Feijóo y sus presidentes autonómicos sostienen que el Gobierno de Sánchez ‘debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito’. Reiteran la solicitud al Gobierno para que ‘garantice la determinación de edad y asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados’ y, ‘siempre que existan datos que lo permitan, debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen’.
Además, en la ‘Declaración de Murcia’, el PP manifiesta su ‘más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista’ y su preocupación por el ‘retroceso en materia de igualdad’, mencionando fallos en los dispositivos telemáticos de control de agresores como ejemplo reciente.
El partido exige la ‘depuración de responsabilidades y la inmediata destitución de la ministra de Igualdad’, Ana Redondo, ‘por la gestión negligente del sistema COMETA y por ignorar las advertencias sobre la desprotección de miles de mujeres’. También demandan una ‘auditoría externa, independiente, integral y transparente’ para clarificar las responsabilidades de los ministros de Interior y Justicia en esta crisis.