El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este miércoles, tras la decisión judicial de revocar la semilibertad a dos etarras y ordenar su reingreso en la cárcel, que la Justicia y el respeto a las víctimas “están por encima de los intereses de un Gobierno”.
El magistrado titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, ha denegado la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, y al exmiembro de la organización terrorista Juan Ramón Carasatorre, lo que implica su retorno al centro penitenciario.
En un mensaje publicado en la red social ‘X’ y recogido por Europa Press, Feijóo ha denunciado que “el precio del pacto encapuchado con Bildu incluía liberar a 'Anboto', una de las terroristas más sanguinarias de ETA, condenada a 700 años de cárcel”.
El líder del PP ha añadido que “la Audiencia Nacional les recuerda que aún hay leyes y jueces en España, y que pesan más que la voluntad de Sánchez: la justicia y el respeto a las víctimas están por encima de los intereses de un gobierno”.
La Audiencia Nacional corrige al Gobierno vasco y central
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de “gran noticia” que la Audiencia Nacional ordene el retorno a prisión de ‘Anboto’ y Carasatorre, “desdiciendo al Gobierno de PNV y PSOE”.
Gamarra ha sostenido que “infringir la ley para mantener a Sánchez en Moncloa es ilegal” y que “hacerlo liberando a etarras es, además, asqueroso”. “La Justicia desnuda el pacto encapuchado”, ha señalado también en ‘X’.
Críticas a la semilibertad y efectos en las víctimas
En dos autos a los que ha tenido acceso Europa Press, el juez descarta aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a ambos internos y determina que continúen en segundo grado de tratamiento penitenciario, además de plantear una reforma de dicho precepto.
El magistrado considera que la concesión de la semilibertad provoca “falsas expectativas” a ‘Anboto’ y, al mismo tiempo, “desasosiego innecesario” a las víctimas “e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”.
Respecto a Iparraguirre, el juez remarca la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona, que se han traducido en una condena acumulada de 30 años de prisión.