El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este miércoles, tras la decisión judicial de revocar la semilibertad a dos etarras y ordenar su reingreso en la cárcel, que la Justicia y el respeto a las víctimas “están por encima de los intereses de un Gobierno”. Asimismo, ha insistido en que los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu no pueden ejecutarse “porque son ilegales”.
El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, ha denegado la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, y al exintegrante de la organización terrorista Juan Ramón Carasatorre, lo que implica su regreso al centro penitenciario.
El máximo responsable de los ‘populares’ ha sostenido que “el precio del pacto encapuchado con Bildu incluía liberar a ‘Anboto’, una de las terroristas más sanguinarias de ETA” que había sido “condenada a 700 años de cárcel”.
En un mensaje publicado en ‘X’, Feijóo ha recalcado que “la Audiencia Nacional les recuerda que aún hay leyes y jueces en España, y que pesan más que la voluntad de Sánchez: la justicia y el respeto a las víctimas están por encima de los intereses de un gobierno”.
“Un pacto encapuchado” y la igualdad ante la ley
Más tarde, durante un mitin en Lepe (Huelva) en plena precampaña andaluza, Feijóo ha aplaudido la resolución de la Audiencia Nacional sobre ‘Anboto’, a la que ha descrito como una de las etarras “más sanguinarias de ETA” y vinculada “a 14 asesinatos que se sepan”, y que, según ha recordado, fue “excarcelada” por decisión del “consejero de Interior socialista del Gobierno Vasco”.
El líder del PP ha incidido en que “a cualquier persona que haya enterrado a un familiar, a un amigo, a un compañero, se le revuelven las tripas de que alguien así pueda obtener algún beneficio penitenciario”.
En este contexto, ha resaltado que la Audiencia Nacional ha determinado que “esa excarcelación queda sin efecto y por tanto los acuerdos de Sánchez con Bildu no se pueden aplicar porque son ilegales”. A su juicio, “y el pacto encapuchado es un pacto en contra de la igualdad ante la ley”.
“Varapalo de la Audiencia Nacional a Sánchez y Otegi”
En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien interpreta la resolución como un “varapalo de la Audiencia Nacional a Sánchez y Otegi”, secretario general de EH-Bildu.
“El juez envía de nuevo a la cárcel a la etarra Anboto y corrige una injusticia que ha indignado a la mayoría de españoles. Quienes defendemos la democracia y reivindicamos memoria, dignidad y justicia para las víctimas estamos de enhorabuena”, ha señalado Tellado, que considera que el Estado de derecho “no debe nada a quienes causaron tanto dolor”.
Por otro lado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado como una “gran noticia” que la Audiencia Nacional ordene el retorno a prisión de ‘Anboto’ y Carasatorre, “desdiciendo al Gobierno de PNV y PSOE”.
Según Gamarra, “infringir la ley para mantener a Sánchez en Moncloa es ilegal” y “hacerlo liberando a etarras es, además, asqueroso”. “La Justicia desnuda el pacto encapuchado”, ha remachado en la misma red social.
El juez cuestiona la semilibertad y el artículo 100,2
En sendos autos a los que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza la aplicación del artículo 100,2 del Reglamento Penitenciario a ambos reclusos y acuerda que sigan en segundo grado de tratamiento, al tiempo que propone revisar la redacción de dicho precepto.
Para el juez, la concesión de la semilibertad provoca “falsas expectativas” a ‘Anboto’ y genera “desasosiego innecesario” a las víctimas “e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”.
En el caso de Iparraguirre, el auto recuerda la especial gravedad de los delitos por los que fue condenada: diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona, todos ellos acumulados en una pena total de 30 años de prisión.