El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los mandatarios autonómicos y regionales del partido, ha suscrito este domingo en Zaragoza una declaración conjunta en la que se posicionan contra la financiación “bilateral” pactada entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En ese documento, denuncian que “basta ya de enfrentar a los españoles” y reclaman el “fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista”.
“Nosotros lo tenemos claro: ni nos han dividido ni nos dividirán”, subrayan en la denominada ‘Declaración de Zaragoza’, firmada por los 11 presidentes de comunidades gobernadas por el PP (Andalucía, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares). El texto también lleva la firma de los presidentes de Ceuta y Melilla, del vicepresidente de Canarias y de los responsables regionales del PP en Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha.
En la clausura del acto, Feijóo ha prometido promover un modelo de financiación “justo”, “transparente” y “pensado para todos los españoles”, reprochando al Gobierno que trate de fomentar el “enfrentamiento” y la “división” dentro del PP. Al mismo tiempo, ha exigido a Pedro Sánchez que retire el esquema de financiación acordado con Junqueras porque la igualdad entre españoles “no está en venta”. “Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo y reinicie el proceso desde el principio en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo”, reclama en el texto.
La bilateralidad como línea roja del PP
El documento de siete páginas consensuado por Feijóo y sus ‘barones’, bajo el lema inicial ‘Por lo importante: la igualdad de los españoles’, se estructura en varios bloques: lealtad institucional y respeto a la Constitución, igualdad, autonomía fiscal, suficiencia financiera, solidaridad y proyecto común. Parte de la premisa de que España precisa un nuevo sistema de financiación autonómica —el vigente data de 2009— que se base en un principio esencial: “los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles”. A juicio del PP, cualquier alternativa distinta “amenaza la cohesión, debilita la solidaridad y rompe la igualdad” amparada por la Constitución.
Según el partido, la propuesta planteada por el Gobierno el 9 de enero de 2026 reincorpora “la arbitrariedad” al modelo con el fin de “sostener a un Ejecutivo que carece de una mayoría parlamentaria sólida”. La consideran “una cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos” que no están dispuestos a “normalizar ni a blanquear aceptando sobrantes como contraprestación”. Tras remarcar que el sistema debe garantizar suficiencia, estabilidad, equidad, corresponsabilidad, igualdad y seguridad jurídica, Feijóo y los presidentes autonómicos del PP recalcan que España “es un proyecto común” que defenderán “hasta las últimas consecuencias” y enfatizan que “la bilateralidad no es el camino”.
Con esta posición, el PP adelanta su rechazo a las reuniones bilaterales con las comunidades anunciadas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para avanzar de forma individual con cada autonomía en los aspectos técnicos del nuevo modelo de financiación.
Críticas al diseño del nuevo sistema
Para los ‘populares’, el planteamiento del Ejecutivo “altera de manera sustantiva” casi todos los elementos del sistema: tributos cedidos, capacidad recaudatoria, cálculo de la población ajustada, estructura de fondos y reglas de nivelación. “Tanto en forma como en fondo, la propuesta es un sinsentido que debe ser revertido”, señalan, insistiendo en que debe “reiniciarse” el proceso desde cero porque “la actualización del sistema no es un debate técnico menor ni una moneda de cambio para los intereses particulares del presidente del Gobierno”.
El PP sitúa la igualdad en el centro del debate y recalca que los ciudadanos deben poder acceder a servicios públicos homogéneos. Al mismo tiempo, advierte de que “no se puede resolver esta urgencia en función de lo que dicte el separatismo, sino tras una evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real”.
Autonomía fiscal y fondos transitorios
El partido acusa a Sánchez de que, mientras “acepta avanzar hacia la independencia fiscal que reclama el separatismo”, “maniata” al resto de comunidades y las “empuja” a una subida “masiva” de impuestos “que asfixie a los ciudadanos”. “Nos oponemos tajantemente a que el coste de las exigencias independentistas lo asuman los contribuyentes, ni con menos servicios ni con mayor carga fiscal”, sostiene el texto, que proclama que “la autonomía fiscal de las comunidades no se toca”.
Como condición previa a un debate “serio” sobre financiación, el PP defiende la creación de un Fondo Transitorio para compensar la infrafinanciación que sufren todas las comunidades, así como un fondo complementario de nivelación con recursos estatales hasta que se renueve el sistema. Reclama también que se tenga en cuenta la sostenibilidad financiera del conjunto de las Administraciones Públicas, que se reconozca una excepción específica para la Comunidad Valenciana por la dana y que se aborde en paralelo la reforma del modelo de financiación local.
Variables territoriales y crítica política a Sánchez
Además, el documento plantea fijar de forma “clara y transparente” las competencias del Estado, las comunidades y los ayuntamientos, con el objetivo de “la eliminación de duplicidades y triplicidades existentes en estos momentos”. El PP admite que en el diseño de un sistema “justo” deben considerarse factores como la demografía, el crecimiento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, el número de desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de los servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno.
“Pero decimos no a los cambios a la carta y a las decisiones discrecionales que establecen españoles de primera y de segunda. Para nosotros, ningún ciudadano es más singular que otro”, recalca el PP en la ‘Declaración de Zaragoza’. A su juicio, el “verdadero problema nace de una lamentable realidad”: “España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo”, sostienen los ‘populares’, acusando a Sánchez de estar dispuesto “a vender la solidaridad entre españoles”, a “asfixiarles fiscalmente” y a “descapitalizar el Estado” con tal de seguir en la Moncloa.
Tras rechazar que “se use a los catalanes”, el PP sostiene que “no ama Cataluña quien quiere enfrentarla al resto de España, ni ama España quien la necesita dividida porque es incapaz de ilusionarla con un proyecto común”. En esa línea, asegura que hará todo lo posible “para impedir que fructifique una España de dos velocidades”.
Llamamiento a otros presidentes autonómicos
En la parte final, el PP invita a los presidentes autonómicos de otras formaciones a respaldar esta declaración con una posición de “unidad” que, según defienden, busca evitar que “se reviente la igualdad y se construya un nuevo muro entre españoles”. “Cuando algo tan elemental se ve amenazado, las medias tintas no son una opción. Nosotros estamos decididos a no ceder al chantaje porque, por encima de todo, siempre trabajaremos por lo importante. Y sin duda lo es un sistema de financiación decidido entre todos y pensado para todos”, concluye el texto.