QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha lanzado críticas al Gobierno en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) por el manejo problemático de la tasa de basuras, calificándola de caótica y “discriminatoria para los ciudadanos”.
En una nota de prensa, la FEMP ha expresado su descontento porque el Ejecutivo ha implementado la tasa de residuos “sin contar con los ayuntamientos” y que esta no es “está obligada por la Unión Europea”. Asimismo, ha destacado que la discriminación se agrava ya que algunos ayuntamientos pueden mitigar el impacto de esta tasa, mientras otros “no tienen esa posibilidad”, aumentando las diferencias en su aplicación y las reclamaciones.
Además, la FEMP ha criticado la falta de diálogo con las comunidades autónomas y la exclusión de los ayuntamientos “en asuntos esenciales”, exigiendo un encuentro ordinario de la CNAL para “abordar los déficits del sistema de financiación local” que no se revisa desde 2002.
LA FEDERACIÓN SOLICITA AJUSTES PRESUPUESTARIOS
García-Pelayo ha comentado que el aplazamiento de esta reunión afecta las finanzas de numerosos ayuntamientos al planificar sus presupuestos. Por esta razón, ha instado a aprobar un real decreto ley que estabilice las cifras incluso sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, evitando problemas como los de 2025.
Ha recordado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, las diez solicitudes previas de reunión que no han sido atendidas, y ha criticado la falta de compromiso con la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), a pesar de que “otros gobiernos anteriores siempre sacaban adelante los presupuestos”.
En el ámbito fiscal, ha señalado que “lo fácil es subir los impuestos”, mientras que los municipios deben promover la actividad económica local que contribuye al crecimiento urbano y beneficia a la ciudadanía.
La presidenta también ha destacado que la no renovación en 2025 de una disposición de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para invertir sus superávits en proyectos sostenibles, obligándolos a amortizar deudas incluso cuando ya no son necesarias.
Ha enfatizado en los más de 23.000 millones de euros de remanente municipal que podrían mejorar significativamente la respuesta a la crisis de vivienda, y ha reiterado la necesidad de prolongar el periodo de manejo y asignación de fondos europeos, dado los desafíos que enfrentan muchos ayuntamientos para cumplir con los trámites en los plazos actuales.
