QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Secretaría de Organización del PSOE, en coordinación con el PSdeG, ha puesto en marcha el proceso para suspender de manera cautelar de militancia al dirigente socialista José Tomé, tras las acusaciones de acoso que pesan sobre él. Se trata de un procedimiento que, según afirmó el propio responsable lucense, habría solicitado de forma voluntaria, y al que ahora se suma la exigencia de que deje igualmente la Alcaldía de Monforte de Lemos (Lugo) y renuncie a su acta de diputado provincial.
El partido ha explicado que adopta esta medida «ante la gravedad de las acusaciones por presunto acoso» y después de haber recibido una denuncia a través del canal interno habilitado en Ferraz, junto con «varios testimonios», de acuerdo con lo recogido en un comunicado difundido por la formación.
Este mismo miércoles, Tomé comunicó públicamente que renunciaba a su puesto como secretario provincial del PSOE por Lugo y a la presidencia de la Diputación, aunque dejó claro que su intención pasaba por seguir al frente del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y conservar su escaño como diputado provincial.
Desde el área de Organización, que encabeza Rebeca Torró, se ha avanzado además que se atenderá la solicitud del PSOE de Galicia para designar «de inmediato» una comisión gestora en la federación socialista de la provincia de Lugo, con el objetivo de pilotar la nueva etapa orgánica tras la salida de Tomé de los cargos internos.
Según detallan fuentes de Ferraz, la dirección federal adoptó esta determinación tras recibir el pasado lunes «la denuncia y diversos testimonios de este caso», remitidos a través de la Oficina contra el Acoso. Ese mismo día se puso en marcha el procedimiento de «análisis y contraste» de los hechos relatados. El PSOE subraya que la suspensión de militancia, aun siendo de carácter cautelar, no implica el cierre del expediente ni la conclusión del proceso abierto respecto a Tomé.
Los socialistas remarcan que no restan importancia ni tratan de minimizar «la gravedad del acoso» y que no protegerán «jamás» a quienes lo cometan, al tiempo que insisten en que se respetará la presunción de inocencia y se seguirán de forma estricta los protocolos internos establecidos para este tipo de situaciones.
