QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La dirigente del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado que está «acreditado» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «daba instrucciones» al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reprochándole además que eliminara del móvil «lo que le podía incriminar».
En un juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo, el fiscal general ha insistido en que realiza un «borrado sistemático» de los mensajes de WhatsApp por cuestiones de seguridad, alegando que no es propietario de esos datos, sino meramente su «custodio». Esta práctica, según explica, es necesaria porque los mensajes involucran a terceras personas.
Desde los pasillos del Congreso, Gamarra ha calificado el día como «una jornada negra para la historia de la justicia» en España, al observar al fiscal general «despojándose de la toga para sentarse en el banquillo por presuntos delitos cometidos».
«DEBERÍA HABER DIMITIDO HACE TIEMPO», en palabras de Gamarra, quien sostiene que esta situación ha deteriorado la confianza de la sociedad en el jefe del Ministerio Público. Además, sugiere que el fiscal general debería haber renunciado antes para no perjudicar más al Ministerio Fiscal y defenderse como un ciudadano común.
Gamarra ha destacado que el problema no se resolverá solo con este juicio, sino que se necesita una regeneración profunda para «descolonizar» las instituciones estatales, que según ella, han sido convertidas por Pedro Sánchez en entidades al servicio del Gobierno. Esta regeneración es un compromiso de Alberto Núñez Feijóo si alcanza el poder.
Además, se ha revelado hoy, según declaraciones de 11 miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que el día que se anunció la imputación del fiscal general, se eliminaron correos electrónicos y mensajes de su móvil y correo electrónico. «Ya sería mala suerte que justo lo que se borraba fueran pruebas que le fueran a absolver. Más parece que aquello que borró pudiera ser lo que le podía incriminar», ha comentado la política del PP.
Finalmente, Gamarra ha declarado que está claro y demostrado que el Gobierno «daba instrucciones al fiscal general del Estado o al menos lo tenía al servicio del Gobierno». También ha mencionado que desde la sede del PSOE en Ferraz «se daban instrucciones para perseguir tanto a investigadores como a opositores políticos».
