La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado este miércoles en Bruselas la conveniencia de sacar adelante una directiva europea que reconozca a policías y guardias civiles como profesiones de riesgo y que permita avanzar en que las agresiones a estos agentes sean consideradas “eurodelitos”.
Gamarra ha comparecido ante la prensa tras mantener un encuentro en la sede del Parlamento Europeo con las principales asociaciones y sindicatos de ambos cuerpos, una cita en la que también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y que se inscribe en los trabajos iniciados la pasada legislatura en la comisión de Peticiones.
“Es un día muy importante porque, tras años de trabajo intenso y de la mano de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, damos un paso más”, ha afirmado la dirigente ‘popular’, que ha detallado que la meta es promover una normativa marco en el ámbito comunitario “para que sean consideradas actividades de riesgo y se contemple todo lo que eso significa en la legislación”.
Según ha apuntado, este reconocimiento tendría repercusiones en distintos planos, especialmente el laboral, al posibilitar “nuevos reconocimientos” ligados a las exigentes condiciones del servicio y permitir que la edad de jubilación “pueda adaptarse a la profesión”, además de abrir la puerta a complementos retributivos específicos y a un refuerzo de la protección jurídica.
Por su lado, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha remarcado que “en breve será una realidad aquello que empezó con una iniciativa” y ha defendido que esta modificación normativa serviría para reforzar la seguridad de quienes “garantizan la convivencia, la democracia y el Estado de derecho”.
La reivindicación cobró fuerza en el Parlamento Europeo tras una misión de eurodiputados al sur de España para examinar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, especialmente después de la muerte de dos guardias civiles en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz) durante una operación contra el narcotráfico.
Fruto de ese trabajo, la comisión de Peticiones dio luz verde el pasado mes de noviembre a un informe en el que se instaba a avanzar en el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo en la Unión Europea y a analizar la posibilidad de que las agresiones contra agentes sean tratadas como “eurodelitos”.
No obstante, en un debate celebrado en septiembre sobre dicha misión, la Comisión Europea advirtió de los obstáculos legales para acometer una reforma de este calado, al recordar que el artículo de los Tratados que recoge el catálogo de eurodelitos se refiere a crímenes de especial gravedad —como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico— y con una dimensión “transfronteriza”, un requisito del que, según el Ejecutivo comunitario, carecen las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad.
Debate abierto en España
En paralelo, la discusión permanece viva en España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló recientemente en el Congreso que el Gobierno trabaja en aplicar a policías nacionales y guardias civiles factores de corrección para adelantar la jubilación, si bien precisó que la figura de “profesión de riesgo” no está contemplada como tal en el ordenamiento jurídico español.
Mientras tanto, las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales mantienen sus reclamaciones para que se reconozca de forma expresa el carácter de riesgo inherente al trabajo policial y se endurezcan las penas por agresiones a agentes, unas demandas que ahora se proyectan también al plano europeo.