Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha intensificado sus críticas este jueves debido a la falta de aplicación de las normativas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Además, ha revelado que está en diálogo con organizaciones locales que apoyan al ejecutivo regional con el objetivo de “obligar” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a ejecutar las sentencias referentes a los caudales ecológicos.
En un encuentro con la prensa justo antes de la V Reunión de la Comisión ENVE, García-Page expresó su frustración tras una reunión con el Ministerio que finalizó “sin avances significativos” respecto a las nuevas regulaciones del Tajo-Segura. Además, ha solicitado una reunión con Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, advirtiendo que de no hallar soluciones se considerarán medidas más severas.
“Lo que observamos es que, a pesar de haber ganado cinco sentencias amparadas por la ley europea y española, nos vemos forzados a exigir la ejecución de dichas sentencias”, explicó el presidente castellanomanchego. Esta problemática será uno de los temas principales en la V Reunión de la Comisión ENVE, donde subrayó la perspectiva europea de avanzar hacia un modelo sostenible, rechazando la idea de los trasvases.
García-Page también comentó sobre las posibilidades de la desalación en España, señalando que el país tiene capacidad suficiente para prescindir de los trasvases si se optimiza el uso de las desaladoras. Finalmente, criticó la demora del gobierno en implementar las reglas de explotación acordadas para el trasvase Tajo-Segura, programadas originalmente para septiembre, y lamentó que siempre existan excusas para no cumplir los compromisos.