La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dirigido una carta a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, urgiendo la apertura de una investigación «inmediata» sobre las operaciones en el Hospital de Torrejón, que se enfocan en el beneficio económico, y ha pedido que se examine si estas prácticas también ocurren en otros hospitales de la región con gestión privada.
En su carta, García exige una investigación «exhaustiva, independiente y transparente» para determinar si ha habido infracciones en el Hospital Universitario de Torrejón, operado por Ribera Salud, tras revelarse un audio de su CEO, Pablo Gallart, donde instruía rechazar pacientes o evitar procedimientos poco rentables.
«Es crucial que la Comunidad de Madrid aclare de forma urgente si las órdenes expuestas han repercutido en la asistencia médica, en la derivación de pacientes, en los tiempos de respuesta quirúrgica o en el cumplimiento de los acuerdos contractuales que unen a Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)», afirmó García en la carta.
La ministra remitió esta solicitud a Díaz Ayuso justo después de que ‘El País’ difundiera un audio del 25 de septiembre en el que Gallart comentaba en una reunión: «En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino». Además, mencionó la necesidad de «hacer iteraciones» para «alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones».
García ha subrayado que si estas prácticas se confirman, representarían «una violación grave de los principios fundamentales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y un ataque directo a los derechos de los pacientes madrileños», lo cual «no puede ser pasado por alto por ninguna autoridad sanitaria».
De confirmarse, la Comunidad de Madrid debería activar los procedimientos legales necesarios, incluyendo el inicio del proceso para terminar la concesión del Hospital Universitario de Torrejón. «Los madrileños tienen derecho a saber si un hospital público ha sido empleado para incrementar beneficios privados a costa de su bienestar y, de ser así, también tienen derecho a que la administración sea retornada al sector público», explicó.
Además, la ministra solicitó verificar si estas prácticas son excepciones o parte de «tendencias más amplias» en otros centros públicos con gestión privada, mencionando al grupo Quirónsalud, que «ha enfrentado varias controversias relacionadas con su modelo de gestión», y recomendó reforzar la supervisión y control en todos los hospitales bajo este régimen.
«El Gobierno de España y este Ministerio no pueden permanecer indiferentes ante situaciones que, de confirmarse, comprometerían seriamente la garantía de equidad, calidad y universalidad que debe regir toda asistencia sanitaria. La salud de los madrileños, y la confianza en su sistema sanitario, no deben estar sujetas a prácticas que priorizan el beneficio económico sobre el cuidado digno y equitativo», concluyó García.
Finalmente, ha solicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que informe al Ministerio sobre las medidas que implementará, así como el calendario de acciones previstas, para asegurar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público.