La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha anunciado que la Generalitat presentará alegaciones contra los primeros tres traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, tras ser notificada por el Gobierno español hace dos días.
En una conferencia de prensa después del pleno del Consell, Camarero explicó que se trata de dos menores de 17 años y uno de 16, cuyos nombres y detalles fueron proporcionados por el Gobierno central, que también ha otorgado un plazo de diez días para cualquier alegación que la Generalitat desee hacer.
«Obviamente, vamos a alegar y a pedir que no se realicen estos traslados», declaró Camarero, justificando la medida como parte de un «ejercicio de coherencia» después de que la semana pasada se acordara apelar ante el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar del Real Decreto del gobierno de Pedro Sánchez, que regula el reparto de estos menores.
Esto se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre «la inconstitucionalidad de una norma que invade competencias propias de las comunidades autónomas», incluida la valenciana, según la consellera.
«El Gobierno sigue sin atender la orden del TS que le obliga desde hace cinco meses a acoger a los 1.200 menores solicitantes de asilo», afirmó Camarero, señalando la falta de cumplimiento y la transferencia de responsabilidad a las comunidades autónomas en cuanto a la acogida de menores no acompañados que están en Canarias.
Además, destacó que la ocupación del sistema de atención y protección de menores en la Comunitat Valenciana está al 160% de su capacidad y que las cifras de menores no acompañados atendidos son alarmantes, con un aumento del 45% en comparación con el año pasado.
«No solo han llegado pateras a las costas en las últimas dos semanas, sino que entre junio y agosto se han incorporado 167 nuevos menores y, solo en los últimos ocho días, han entrado 20 más en el sistema», agregó la portavoz del Consell, recalcando que el sistema está «absolutamente tensionado» y exigiendo al Gobierno que cumpla con sus obligaciones legales y evite que estas crisis se agraven.