La dirección nacional del PP no contempla por el momento adoptar medidas contra Carlos Mazón tras el auto de la jueza de la dana, en el que se da el primer paso para investigarle por su gestión de la tragedia. En el partido recalcan que “no hay novedades” y que “su situación procesal es la misma que ayer”, según señalan fuentes de la cúpula popular.
En el PP recuerdan además lo que establecen sus Estatutos, donde se fija que se pierde la condición de afiliado tras “ser condenado por un delito mediante sentencia judicial firme”. Las normas internas también prevén la suspensión provisional de militancia de forma “automática” cuando en un procedimiento penal se dicta auto de apertura de juicio oral, aunque en este supuesto se refiere de manera expresa a delitos vinculados a la corrupción.
El pronunciamiento del PP llega un día después de que la magistrada que instruye la causa de la dana remitiera al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra Mazón para solicitar su investigación por una “inactividad negligente” en la catástrofe que causó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024. El caso se eleva al TSJCV porque Mazón mantiene el aforamiento al conservar su escaño de diputado en Les Corts.
“No hay novedades sobre Mazón”, insisten en Génova
Tras conocerse el auto de la jueza de la dana, en la sede de ‘Génova’ reiteran que “no hay novedades” sobre la situación de Mazón. “La situación procesal es la misma que ayer”, recalcan fuentes de la dirección del PP, que rehúsan especular sobre qué pasos dará el partido en caso de que el TSJCV decida finalmente imputar al expresidente de la Generalitat.
Preguntados por si el PP considera especialmente duro el auto de la magistrada —que solicita imputar a Mazón por su “grosera negligencia” en la tragedia—, en ‘Génova’ evitan pronunciarse sobre el fondo y se limitan a expresar su respeto por las resoluciones judiciales. “No vamos a calificar decisiones judiciales”, subrayan las mismas fuentes.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya manifestó este miércoles su respeto a la decisión de la jueza de Catarroja, remarcando que “la jueza tiene sus responsabilidades” y que el PP acepta “todas las resoluciones judiciales”.
Cuestionado sobre si considera que Mazón debería renunciar a su escaño de diputado autonómico, Feijóo defendió que lo adecuado es “esperar tranquilamente” al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia. “Ya les advierto que yo estoy muy tranquilo”, zanjó.
El recuerdo de Rita Barberá pesa en el PP
Dirigentes del PP subrayan que Mazón ya ha presentado su dimisión y reclaman no precipitarse con nuevas decisiones. Entre muchos cargos populares aflora el recuerdo de lo sucedido en 2016 con Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y exsenadora del Grupo Popular, que fue imputada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia dentro de la ‘Operación Taula’, derivada del ‘caso Imelsa’. Diversos casos de presunta corrupción afectaron a miembros de su equipo, aunque varias de esas causas acabaron archivadas.
Tras su imputación, Barberá sufrió una intensa presión interna, en un contexto en el que el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigía a Mariano Rajoy apartarla —sin aguardar a una sentencia— si quería contar con el respaldo de los ‘naranjas’ en un segundo intento de investidura.
El 14 de septiembre de 2016, Barberá difundió un comunicado en el que anunciaba su decisión de no dejar el escaño en el Senado y seguir como senadora —pasó al Grupo Mixto—, pero solicitaba formalmente su baja en el PP, después de que así se lo hubiera reclamado la dirección. El 23 de noviembre de 2016, la que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años falleció de un infarto en un hotel de Madrid.
Qué dicen los Estatutos del PP sobre condenas e infracciones muy graves
Los Estatutos del PP aprobados en el último congreso de julio establecen que se pierde la condición de afiliado, entre otros supuestos, tras “ser condenado por un delito mediante sentencia judicial firme previo informe del Comité de Derechos y Garantías y atendiendo a la gravedad del delito”.
De acuerdo con estas normas internas, se consideran infracciones muy graves “la condena por un delito que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos” en los Estatutos.
Para estas infracciones muy graves, el PP prevé sanciones como la suspensión de afiliación durante un periodo de entre cuatro y seis años; la inhabilitación para ejercer cargos en el partido o en representación del mismo por ese mismo tiempo; o la expulsión definitiva de la organización.
Suspensión de funciones y militancia en casos graves
En los supuestos de infracciones muy graves, los Comités Autonómicos de Derechos y Garantías pueden acordar, con resolución motivada, la suspensión de funciones de los expedientados que desempeñen un cargo público o un puesto de responsabilidad orgánica en el partido.
Además, los Estatutos del PP recogen que la suspensión provisional de militancia se aplicará de forma “automática” cuando “un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuáles se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento en que se dicte sentencia firme por corrupción”.