El Gobierno ha conseguido el respaldo de los tres principales sindicatos de funcionarios UGT, CC OO y CSIF para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), beneficiando a unos 246.000 empleados públicos.
La medida, que entrará en vigor a mediados de abril, reducirá en 2,5 horas semanales la jornada actual y garantiza su aplicación a todos los colectivos estatales, incluyendo prisiones, sanidad y educación en Ceuta y Melilla.
Un acuerdo histórico para la Administración central
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha anunciado que la nueva jornada se implantará en un máximo de 15 días tras el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación de la AGE.
López ha asegurado que la medida cumple con el compromiso adquirido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI de 2022, y que permitirá a la Administración central ponerse al nivel de las autonomías y municipios, donde la jornada de 35 horas ya estaba vigente.
Beneficios para empleados y ciudadanía
Según UGT, la reducción de jornada supone una mejora directa en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además de favorecer el bienestar del personal. CC.OO ha destacado por su parte que la implementación requiere medidas técnicas y organizativas, como la revisión de recursos humanos y planificación de turnos, para garantizar la atención eficaz a la ciudadanía.
En el mismo sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado el acuerdo como histórico, subrayando que ningún ámbito de la Administración central quedará excluido y que la medida convierte a la AGE en punta de lanza en la creación de nuevos derechos laborales.
El acuerdo también prevé que la AGE oriente su planificación de recursos humanos y ofertas de empleo público hacia la fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios esenciales, lo que anticipa un posible aumento de plantillas en áreas críticas.