En un reciente encuentro en las Cortes de Aragón, ha surgido un intenso debate entre el Gobierno regional y el grupo parlamentario de Vox, centrado en la temática de la inmigración y el tratamiento de menores migrantes. La consejera de Bienestar Social y Familia ha comparado a Vox con Junts y ha enfatizado firmemente: “No voy a permitir que ustedes hagan un circo del sistema de protección de menores porque mi obligación es protegerlo, vengan de donde vengan los menores”.
En su interpelación, el diputado de Vox, David Arranz, ha cuestionado la legalidad de las acciones del Gobierno aragonés, sugiriendo que el partido podría estar actuando al margen de la legalidad, similar a Junts, y ha pedido claridad sobre su posición respecto al orden constitucional. “Aclárenos si están con el orden constitucional y el cumplimiento de las leyes o al margen de la Constitución o el Estado de derecho, como Junts”, ha insistido la consejera.
La consejera ha asegurado que el Gobierno de Aragón seguirá cumpliendo la ley, aunque ha criticado el reparto de menores migrantes impuesto, que considera beneficia solo a intereses partidistas. Por otro lado, el diputado de Vox ha lamentado lo que considera un desvío de recursos hacia la inmigración ilegal y ha defendido que los servicios sociales deberían priorizar a los nacionales. “No somos ni queremos ser los servicios sociales de Marruecos, de Argelia, de Mali o de Mauritania”, ha declarado Arranz, mostrando su preocupación por la distribución de recursos y las políticas comparativas entre los partidos tradicionales.
Finalmente, la consejera ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón de utilizar todas las herramientas legales disponibles para oponerse a lo que considera una invasión de competencias autonómicas y ha pedido a Vox que evite propagar desinformación sobre las pruebas de edad de los menores en el sistema de protección, asegurando que todos los menores están debidamente verificados por el Instituto de Medicina Legal.