Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha defendido el jueves la acción legal que el Gobierno regional ha tomado contra el decreto migratorio aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio, en respuesta a la inacción de Pedro Sánchez, quien «que no es capaz de tomar ni una medida» para resolver la crisis migratoria.
El recurso, presentado ante el Tribunal Supremo, desafía el reglamento que implementa el Real Decreto Ley del 22 de julio, el cual regula «ese mal llamado reparto de los menores no acompañados» entre las comunidades autónomas. García Martín ha criticado este reparto como «totalmente injusto, totalmente insolidario».
García Martín ha argumentado que esta disposición «atenta contra las competencias de las comunidades autónomas» y lo considera «un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno a los partidos independentistas», excluyendo a Cataluña y País Vasco del acuerdo.
«Los menores no acompañados no han llegado por creación espontánea», ha subrayado el consejero, acusando al Gobierno de Sánchez de ser responsable de su llegada y de «repartir el problema» sin abordarlo de manera efectiva.
CLARA INVASIÓN DE COMPETENCIAS
Ante el anuncio del Gobierno central de comenzar el traslado de menores a la península el 28 de agosto, García Martín ha destacado la necesidad de que «la justicia se pronuncie porque se trata de una clara invasión de competencias».
«Entiendo que primero se tiene que aclarar en los tribunales si efectivamente el Gobierno está legitimado para hacer lo que pretende hacer, que ya le digo yo que no, no está legitimado. Entre otras cosas porque esto no responde a ningún tipo de política de control migratorio», ha criticado.
García Martín ha observado que no es coincidencia que los menores no acompañados vayan a ser reubicados principalmente en comunidades como Madrid o Andalucía, criticando una vez más la gestión de Sánchez y exigiendo «medidas para poder atajar» la situación.