El Consell de Govern ha dado luz verde para que la Abogacía de Baleares presente una demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo contra el decreto que dicta cómo se debe proceder en el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias.
La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha comunicado esta decisión en la conferencia de prensa realizada después de la sesión del Consell de Govern.
Esta es la segunda iniciativa legal tomada por el Gobierno autonómico para oponerse a esta normativa, ya que en marzo, simultáneamente con otras regiones lideradas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE), se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la ley de extranjería.
El nuevo recurso, ahora contra el real decreto 658/2025 de 22 de julio, busca regular las acciones en situaciones de crisis migratoria extraordinaria para salvaguardar el interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.
El Govern ha argumentado que este decreto «vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidad autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores». Además, señala que esta disposición «afectaría gravemente a la autonomía financiera» de Baleares, ya que «pondría en peligro el sistema de protección de menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad».
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