La administración de Baleares ha realizado una petición formal al Ministerio de Infancia y Juventud para aplicar la medida de contingencia migratoria, buscando detener la asignación de menores no acompañados de otras regiones españolas.
La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, envió una solicitud escrita al Ministerio este lunes, informó el Ejecutivo.
Desde el Gobierno regional se ha expresado que el archipiélago enfrenta una ‘presión sin precedentes’. Hasta la fecha, han arribado a las islas 4.895 migrantes en condición irregular, incluyendo más de 350 menores no acompañados.
Actualmente, los consells insulares tienen bajo su tutela a 694 niños y adolescentes migrantes no acompañados, superando considerablemente la capacidad de 406 plazas establecidas en el Real Decreto 743/2025, lo que representa una ocupación del sistema de más del 1.000 por ciento, según reportes del Gobierno.
La consellera Estarellas ha comentado que ‘la imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección’. Paralelamente, el Gobierno sigue adelante con medidas legales para ‘defender la capacidad de decisión y la viabilidad del sistema de protección insular’.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, anunció que este lunes la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025, de 22 de julio, y se prepara otro contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto. Estos esfuerzos legales se unen a un recurso previo contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, ya admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El ejecutivo insular reitera su compromiso de usar ‘todas las vías políticas y jurídicas disponibles’ para ‘garantizar el respeto al principio de interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección del archipiélago’.