El Consejo de Ministros ha dado este martes un primer visto bueno a un amplio paquete de reformas contra la corrupción, que contempla endurecer las sanciones a las empresas implicadas en estos delitos y aumentar la fiscalización de los recursos económicos que manejan los partidos políticos.
Estas iniciativas fueron avanzadas hace meses por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la crisis abierta por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una supuesta trama corrupta.
En la comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado este anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que incorpora un total de 84 medidas y modifica 18 normas distintas, y que, según ha indicado, “dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción”.
Entre las principales novedades para prevenir prácticas irregulares, Montero ha subrayado que el registro de empresas vetadas para contratar con la Administración pasará a ser público y que la inhabilitación máxima se eleva de 15 a 20 años, periodo durante el cual tampoco podrán acceder a subvenciones ni a ventajas fiscales.
Más transparencia en la financiación de los partidos
El texto refuerza igualmente la supervisión y la transparencia de las donaciones a partidos políticos y fundaciones, reduciendo el umbral a partir del cual deben hacerse públicas. En la actualidad solo se publican cuando superan los 25.000 euros y con la nueva regulación se rebaja a 2.500 euros.
Además, se impone a las formaciones políticas la obligación de someter sus cuentas a auditorías externas e independientes, y el incumplimiento de este requisito se considerará una infracción “grave o muy grave”. La sanción por no difundir las donaciones se incrementará hasta el doble de la cantidad no declarada.
El paquete incluye también la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará organismos ahora dispersos: la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Esta nueva entidad asumirá asimismo la coordinación en España de la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.
Otra de las reformas pasa por ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de 5 a 7 años, con el objetivo de disponer de más margen para investigar causas “complejas” y evitar que la caducidad de los procedimientos derive en “impunidad a los corruptos”.
Refuerzo de la recuperación de activos y nuevas herramientas
El Gobierno busca igualmente potenciar la actuación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para que pueda asegurar bienes desde las primeras fases de la investigación. Para ello se incorporan figuras como el 'decomiso sin condena' y el decomiso de riqueza no justificada, “con plenas garantías judiciales”, en aplicación de la normativa europea sobre recuperación y decomiso de activos.
Con el fin de mejorar la detección de comportamientos corruptos, el Ejecutivo prevé optimizar el intercambio de información mediante la “conexión entre bases de datos” y ampliar el uso de la herramienta Minerva para la identificación automática de conflictos de intereses.
Asimismo, se recurrirá a “herramientas de análisis avanzado y de inteligencia artificial” para modernizar la Plataforma de Contratación del Sector Público y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
Apoyos a la Agencia y calendario previsto
En cuanto a los respaldos parlamentarios para sacar adelante definitivamente la reforma, Montero ha mostrado su confianza en lograr apoyos suficientes, especialmente para la puesta en marcha de la nueva Agencia Independiente de Integridad Pública, que el Gobierno aspira a tener operativa antes del final de la legislatura en 2027.
Según ha explicado, en las reuniones mantenidas con los distintos grupos parlamentarios para abordar las medidas anticorrupción se constató una posición prácticamente unánime a favor de la creación de este organismo.
Si se cumplen los plazos manejados por el Ejecutivo, el anteproyecto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva en el primer trimestre del año, “antes de las vacaciones” de Semana Santa, y a partir de entonces se iniciará su tramitación en las Cortes.