QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha argumentado que los familiares de altos cargos como presidentes y ministros ya se encuentran sometidos a un riguroso marco de incompatibilidades, y ha expresado su oposición a formalizar la función de la pareja del líder del Ejecutivo, aludiendo a que esto implicaría igualar sus responsabilidades a las de un cargo público y asignarle un salario estatal.
En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, López ha aclarado que el proyecto de ley de Administración Abierta, que será presentado al Congreso, incluirá la obligación de revelar las agendas institucionales de las principales figuras públicas, pero ha rechazado que esta medida afecte específicamente a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por no ser un cargo público. “¿Es exigible a una persona que ni es representante político, ni es cargo público, ni ha sacado una plaza de funcionario que le da la capacidad de tener firma en la resolución de un expediente administrativo, de un concurso? ¿Le es exigible lo mismo que a esas personas que han tomado la decisión de entrar en política? ¿Que sí que tienen firma? ¿Que sí que tienen capacidad de decisión en la administración pública? Obviamente no”, ha insistido López.
El también secretario general del PSOE de Madrid ha recordado el caso del esposo de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que trabajaba en Telefónica, y cómo la Oficina del Conflicto de Intereses tuvo que intervenir debido a decisiones gubernamentales que podrían afectar a dicha empresa. López ha reiterado que aunque las familias de los políticos no eligen estar en política, sus intereses pueden verse afectados por su relación con cargos públicos.
Respecto a la posibilidad de regular la figura del cónyuge del jefe del Ejecutivo, López ha cuestionado: “¿En este país se quiere regular, se quiere hacer que la pareja, sea hombre o mujer del presidente del gobierno, sea un cargo público?”. Además, ha añadido que tal regulación implicaría que la ‘primera dama’ tuviera “las mismas obligaciones” que un cargo público y también un “sueldo público”.
Por otro lado, la Moncloa se ha comprometido a proporcionar información sobre los asesores de las sucesivas parejas de los presidentes del Gobierno si el juez Juan Carlos Peinado aprueba la solicitud de la defensa de Begoña Gómez. Antonio Camacho, abogado de Gómez, ha pedido que se entreguen “todos los antecedentes” de asistentes de cónyuges anteriores, a lo que la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha afirmado que el Gobierno responderá adecuadamente si se recibe tal petición.
Finalmente, López ha detallado las mejoras propuestas en el anteproyecto de ley, que incluyen la ampliación de las obligaciones de transparencia, la regulación de conflictos de intereses y la introducción de un régimen sancionador para cierto personal, todo ello con el objetivo de fortalecer el control democrático y la integridad pública en la administración.
