El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros de mañana dará luz verde a la desclasificación de la documentación relativa al intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, coincidiendo con el 45º aniversario de aquellos hechos.
Sánchez ha hecho público este anuncio a primera hora en su canal de la red X, donde ha recalcado que “la memoria no puede estar bajo llave” y ha subrayado que la apertura de estos expedientes permitirá “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”.
El jefe del Ejecutivo sostiene que “las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre” y aprovecha su mensaje para agradecer a todas las personas que, según ha dicho, abrieron camino en la defensa de las libertades.
Será la ministra portavoz, Elma Saiz, quien detalle mañana el alcance de la medida en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, en la que se explicarán los pasos a seguir y el calendario previsto.
Fuentes de Moncloa precisan que la desclasificación se hará efectiva el miércoles 25, fecha en la que se publicará la decisión en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese momento, cualquier persona interesada podrá consultar los documentos a través de la página web oficial de Moncloa.
Los 'papeles' del 23F
Entre el material que verá la luz figura el sumario completo del juicio, custodiado en el Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos que incluyen grabaciones originales y declaraciones de los encausados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de entonces denominado CESID, con documentación interna y transcripciones de las escuchas realizadas la noche del golpe, catalogadas como “alto secreto”; así como las comunicaciones de la Casa Real, de Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.
El Ejecutivo aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, con el objetivo de reemplazar la normativa franquista sobre secretos oficiales. El texto fue remitido al Congreso de los Diputados y continúa en fase de tramitación parlamentaria.
La propuesta legislativa establece la desclasificación automática a los 45 años para los documentos considerados “alto secreto”; a los 35 años para los catalogados como “secreto”; entre 7 y 9 años para la información “confidencial” y entre 4 y 6 años para la información “restringida”. La fecha elegida para levantar el secreto coincide precisamente con los 45 años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.