El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Proyecto de Ley que regula el intercambio de datos entre los servicios de seguridad y aduanas de los países miembros de la Unión Europea (UE), enviándolo a las Cortes para su proceso legislativo.
Según el documento ratificado, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, actuará como el ‘punto de contacto único’ en España, siguiendo las directrices de la directiva europea 2023/977.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó el pasado 22 de octubre que este organismo continuaría siendo el ‘punto de contacto único’, tras las preocupaciones mostradas por el PNV en el Congreso, debido a que fuerzas regionales como la Ertzaintza no tendrían ‘acceso directo a otros cuerpos europeos sin el filtro de la Policía Nacional’.
La propuesta presentada a las Cortes incluye las modificaciones sugeridas por el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, como se refleja en las Referencias del Consejo de Ministros.
AUTORIDADES COMPETENTES
Conforme a la directiva europea, el proyecto de ley designa las ‘autoridades competentes’ para mejorar y coordinar los intercambios de información, que incluyen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas con facultades investigativas y la Dirección Adjunta Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
‘El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, se constituye como el ‘punto de contacto único’ en España’, destaca el documento.
La ley establece procedimientos para ‘rápidos intercambios de información’ y fija principios de disponibilidad, confidencialidad y fiabilidad de los datos. También detalla el marco legal para el acceso a la información por parte de las autoridades competentes, los tiempos de respuesta y las condiciones bajo las cuales se puede negar una solicitud, incluyendo la necesidad de una autorización judicial para ciertos casos.