El Gobierno ha aprobado la desclasificación de los documentos oficiales del 23-F. A partir de este miércoles, con la publicación en el BOE del acuerdo en el Consejo de Ministros los archivos relacionados con la intentona golpista de 1981 estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de la Moncloa.
La decisión se ha tomado coincidiendo con el 45ª aniversario de la irrupción de Antonio Tejero en el Congreso. Precisamente, ese el plazo máximo que el ministerio de Justicia prevé en su proyecto de Ley de Información Clasificada que permanece bloqueado en el Congreso tras la ruptura entre PSOE y Junts.
El Gobierno asegura que se trata de "de saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Los socios ven con buenos ojos el gesto, pero reclaman que no se limite solo al Golpe de Estado, que se desclasifiquen otros capítulos de la historia reciente de España sobre los que también sobrevuelan dudas, y que se reforme la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Por su parte, la oposición acusa al Ejecutivo de usar esta desclasificacíon como una "cortina de humo" para tapar otras cuestiones de la actualidad que perjudican a la coalición.
¿Existe obligación?
Los documentos del 23F que verán la luz en las próximas horas estaban clasificados con categoría de "secreto" y "reservado". Ambos niveles producen efectos similares en cuanto a limitación de acceso, custodia o sanciones por revelación. Además, de acuerdo con Ley de Secretos Oficiales, ninguno tiene plazo automático de desclasificación: en ambos casos permanecían clasificados hasta decisión expresa de la autoridad competente. En este caso, el Consejo de Ministros.
¿Iniciativa espontánea?
El acuerdo del Gobiero llega cuando se cumplen 45 años del intento de Golpe de Estado. Precisamente, ese es el plazo máximo que el ministerio de Justicia prevé en su proyecto de Ley de Información Clasificada que permanece bloqueado en el Congreso. El texto se encuentra en fase de enmiendas en la Comisión Constitucional y sin visos de prosperar tras la ruptura de Junts y su anuncio de veto a cualquier iniciativa gubernamental.
La norma aprobada en julio por el Consejo de Ministros, y que fue remitida a las Cortes para proseguir su tramitación, incluía la siguiente propuesta de plazos:
- "Alto Secreto", cuarenta y cinco años, pudiendo prorrogarse únicamente en una ocasión, de manera excepcional por quince años más
- "Secreto", treinta y cinco años, pudiendo prorrogarse únicamente en una ocasión, de manera excepcional por diez años más
- "Confidencial", entre siete y nueve años no prorrogables
- "Restringido", entre cuatro y cinco años no prorrogables
Es decir, con el actual marco normativo, el Gobierno no está obligado a desclasificar los documentos del 23F, pero hacerlo en estos momentos supone actuar en consonancia con su propia propuesta. Aunque se trata de un hecho aislado, como también han denunciado los socios que piden la misma transparencia con otros polémicos sucesos cuyos archivos permanecen clasificados como los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana.
¿Cortina de humo?
Para la oposición la decisión de desclasificar los documentos del 23F ahora no es arbitraria, ni coherente. "Vamos a cortina de humo al día", escribió este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en sus redes.
Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, aseguró que no creen que con esta desclasificación "vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles" en relación con el intento de golpe de Estado.
"Sinceramente lo que España necesita son explicaciones sobre el presente y sobre el pasado más cercano, muchas explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez, informaciones que él tiene y esas sí que las tiene clasificadas y parece que no tiene ningún interés en desclasificarlas", sentenció en la rueda de prensa tras el Comité de Dirección de su partido.
Reforma legislativa
Tras conocerse el anuncio, el PNV, el principal impulsor en las últimas décadas de los intentos de reforma de la Ley de Secretos Oficiales que permanece vigente desde 1968 celebró el avance, pero insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo político más amplio.
En estos momentos en el Congreso hay dos iniciativas que persiguen la reforma aprobada todavía en el franquismo. El proyecto de ley del Gobierno y la proposición de ley del Grupo Vasco. Tras la ruptura entre Junts y el PSOE que avocó a la parálisis a todas las iniciativas con sello del Gobierno, el PNV puso sobre la mesa una alternativa para que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales llegue cuanto antes: que el PSOE desbloquee su iniciativa.
La propuesta del PNV fue tomada en consideración en febrero de 2024, solo con los votos en contra de PP, Vox y UPN y acumula 74 ampliaciones de enmiendas. Los ‘jetzale’ defienden que con esta fórmula, se evitaría la enmienda a la totalidad de Junts, que además ya apoyó en primera instancia la iniciativa vasca.