El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha comunicado que su departamento está ‘ultimando’ los preparativos del expediente para solicitar a la Justicia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), conforme a la Ley de Memoria Democrática.
‘Hemos estado algunos meses esperando a que Memoria Democrática nos mandara el informe. Ahora ya lo tenemos y estamos ultimándolo para elevarlo lo antes posible ante el juez’, declaró Urtasun en una entrevista a Europa Press.
El ministro no ha especificado una fecha precisa ni ha indicado si la acción se llevará a cabo alrededor del 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador, pero subraya que el Gobierno se esfuerza ‘intensamente’ para avanzar lo más pronto posible.
‘No es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo. Por lo tanto, esa es una prioridad que es muy clara para mí’, afirmó Urtasun, agregando que no descarta pedir medidas cautelares para suspender las actividades de la fundación mientras se espera una decisión judicial. ‘Lo estamos acabando de estudiar’, señaló.
En este marco, Urtasun destaca la importancia de trabajar en materia de derechos y libertades como ministro de Cultura y ‘defender la memoria democrática’. ‘Y, sobre todo, –añade– que los ciudadanos tengan claro qué significó el franquismo y la censura también para la cultura’.
EL PROCESO ARRANCÓ HACE MÁS DE UN AÑO
El proceso para ilegalizar esta fundación comenzó en junio de 2024, cuando el departamento de Urtasun, a cargo del Protectorado de Fundaciones, inició un período de actuaciones previas para recopilar información y elementos que fundamentaran el procedimiento. Para estructurar el expediente, se han requerido informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó en marzo en el Congreso que inicialmente se elaboró un informe, que luego fue complementado considerando las ‘circunstancias y vericuetos legales’ que podría emplear la fundación, que modificó sus estatutos el año pasado. Además, el Congreso, por iniciativa del PSOE, ajustó la Ley de Asociaciones la pasada primavera para poder ilegalizar aquellas que promuevan el franquismo.
MENOSPRECIO A LAS VÍCTIMAS
Según el documento enviado a Cultura antes del verano, se concluye que la FNFF ‘no persigue fines de interés general’ y sus actividades son contrarias a tales fines. Además, se documenta que no solo realiza ‘apología del franquismo’, ‘ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes’, sino que también incurre en ‘menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales’.
Por todo ello, se defiende que se debe proceder a solicitar judicialmente la extinción de la FNFF, y que se puede pedir, en su caso, la suspensión provisional de las actividades de la misma hasta que se emita un fallo y las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de dicha suspensión.