QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha comunicado que están en la fase final de preparación del expediente para solicitar a la Justicia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), conforme a la Ley de Memoria Democrática.
«Hemos estado algunos meses esperando a que Memoria Democrática nos mandara el informe. Ahora ya lo tenemos y estamos ultimándolo para elevarlo lo antes posible ante el juez», explicó Urtasun en una entrevista con Europa Press.
Aunque el ministro no especificó una fecha exacta ni confirmó si la acción se plantearía cerca del 20 de noviembre, fecha que marca el 50 aniversario del fallecimiento del dictador, afirmó que el Gobierno está «intensamente» comprometido en avanzar tan pronto como sea factible.
«No es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo. Por lo tanto, esa es una prioridad que es muy clara para mí», señaló Urtasun, quien también mencionó que están considerando pedir medidas cautelares para suspender las actividades de la fundación mientras se espera una decisión judicial. «Lo estamos acabando de estudiar», añadió.
El ministro destacó la importancia de su labor en el ámbito cultural, enfocándose en defender los derechos, las libertades y la memoria democrática. «Y, sobre todo, -añade- que los ciudadanos tengan claro qué significó el franquismo y la censura también para la cultura.»
El proceso arrancó hace más de un año
El procedimiento para ilegalizar esta fundación comenzó en junio de 2024, iniciado por el departamento de Urtasun, que supervisa el Protectorado de Fundaciones, entidad responsable de instar judicialmente la extinción de fundaciones.
Para fundamentar el expediente, se han obtenido informes sobre la Fundación Franco de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.
Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática, informó en marzo en el Congreso que su departamento había preparado un primer informe, que luego tuvo que ser complementado ante las «circunstancias y vericuetos legales» que la fundación podría emplear, tras haber modificado sus estatutos el año anterior. Además, el Congreso, por iniciativa del PSOE, modificó la Ley de Asociaciones la pasada primavera para permitir la ilegalización de aquellas que realicen apología del franquismo.
Menosprecio a las víctimas
El documento remitido a Cultura antes del verano concluye que la FNFF no cumple con los fines de interés general y sus actividades son contrarias a estos. Además, se señala que la fundación no solo hace apología del franquismo, sino que enaltece el golpe de Estado y la dictadura, además de menospreciar y humillar la dignidad de las víctimas, e incitar al odio o violencia contra ellas.
Por estas razones, se argumenta que es necesario solicitar judicialmente la extinción de la FNFF, incluyendo la posibilidad de suspender provisionalmente sus actividades hasta que se emita un fallo judicial, junto con las medidas cautelares necesarias.
