Este martes, en el Consejo de Ministros, se espera que el Gobierno apruebe el ascenso a general del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este ascenso implicará la sustitución del principal responsable de la unidad encargada de investigar casos de corrupción, incluido el conocido como ‘caso Koldo’, tal como confirmaron fuentes gubernamentales a Europa Press.
Frente a las críticas de intentar “descabezar” la UCO, el Ministerio del Interior ha sostenido que Rafael Yuste, coronel jefe de la UCO, participó voluntariamente en los cursos de capacitación para ascender en la Guardia Civil y, por ende, “tenía derecho a promocionar” al cumplir con los requisitos necesarios.
Desde el Gobierno se ha enfatizado en intervenciones parlamentarias que este tipo de ascensos ya se han realizado anteriormente y no representan ninguna interferencia en el funcionamiento de la UCO o de cualquier otra unidad investigadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
MARLASKA: «AHORA SE TRABAJA CON INDEPENDENCIA»
En una reciente aparición en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó el crecimiento de la UCO de 300 a más de 550 agentes bajo su gestión, lo que refleja un aumento significativo tanto en personal como en presupuesto. “Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino”, declaró Grande-Marlaska, respondiendo a las críticas de partidos como el PP y Vox.
El Gobierno también aseguró, mediante una respuesta escrita a preguntas del PP, que no ha interferido en investigaciones sensibles, incluidas aquellas relacionadas con figuras políticas destacadas y familiares cercanos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«NO SON OBLIGADOS A PROMOCIONAR», recalcó el Gobierno en respuesta a otras consultas del PP sobre la promoción de mandos en la Guardia Civil, destacando que los ascensos responden a méritos y normativas, no a imposiciones del Ejecutivo o la Dirección General de la Guardia Civil.
Finalmente, el Gobierno reiteró que la UCO, como unidad de policía judicial, opera bajo la dirección de jueces y fiscales, quienes determinan las necesidades de recursos para cada investigación.











