Ocho años después de la creación de la Tarjeta Social Digital (TSD), el Gobierno ultima su desarrollo reglamentario. Prevista en los Presupuestos Generales de 2018, se materializó en 2019, pero cobró gran relevancia con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 (que exigía una coordinación efectiva entre administraciones).
Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sacado a audiencia pública el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que precisa su contenido y utilidades. Se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 24 de abril.
Con la aprobación de este reglamento, la TSD reemplazará definitivamente al antiguo Registro de Prestaciones Sociales Públicas, integrando toda su información en un único sistema que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si se cumplen los plazos que maneja el Gobierno, la norma entraría en vigor el próximo 30 de junio.
TARJETA SOCIAL DIGITAL
La Tarjeta Social Digital nació con el objetivo de ayudar al ciudadano mediante la reducción de cargas administrativas y simplificación de trámites en el acceso a las prestaciones sociales. En especial, para el reconocimiento de derechos y ayudas otorgadas.
Por su parte, para las administraciones, esta herramienta ofrece una visión completa de la protección social que cada ciudadano percibe.
Hay dos vías de acceso: a través del Portal web de la Tarjeta Social Digital o mediante la aplicación para dispositivos móviles, disponible tanto en iOS como en Android.
Información actualizada
La norma estandariza la obligación del Estado, CCAA y ayuntamientos, mutuas y organismos públicos a compartir datos de forma coordinada y continua. La TSD integra en un único sistema toda la información sobre prestaciones sociales públicas (contributivas y no contributivas, por desempleo, pensiones, IMV...) y situaciones personales relevantes (nivel de renta, grado discapacidad, grado dependencia, familia numerosa...).
Con relación a los primeros datos, su actualización debe ser, como mínimo, mensual. Respecto a los datos "subjetivos", el ciudadano puede solicitar su actualización o rectificación, y los cambios se verán reflejados en su tarjeta tras su comprobación.
Sistema de alertas
Uno de los principales beneficios de la TSD es ofrecer a la administración una panorámica de las prestaciones, los complementos o los pagos que recibe cada ciudadano. En este sentido, el reglamento en el que trabaja el Gobierno prevé un sistema automático de alerta que detecta incompatibilidades, duplicidades o cambios relevantes (como fallecimientos) y que avisará a la administración pertinente para su corrección. Hasta el momento esta cuestión dependía del grado de integración de datos entre entidades y en ocasiones daba lugar a desprotecciones.
Por otro lado, desde el Ejecutivo contemplan esta herramienta como una oportunidad para mejorar y afinar las políticas públicas. El tratamiento de los datos con fines estadísticos, va a permitir integrar variables sociales y económicas y obtener una radiografía social que se ajuste ealmente a la realidad.
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