Trocear para asegurar. El Gobierno ha decido dividir el contenido del decreto-ley ómnibus, derogado el pasado 27 de enero en el Congreso, en dos decretos-ley.
Uno específico con la subida de las pensiones públicas y otro con el resto de ayudas sociales e incentivos fiscales, entre ellas la moratoria antidesahucios, principal razón que dieron PP y Junts para derogar el decreto-ley.
Se trata de una cláusula que habilita a los jueces a paralizar procesos de lanzamiento bajo determinadas circunstancias y siempre y cuando los servicios sociales acreditan situaciones de vulnerabilidad. Una medida que se arrastra desde los primeros compases de la pandemia, prórroga a prórroga, y que se acompaña de compensaciones a propietarios.
El Ejecutivo está decidido a prorrogar la moratoria, aunque esta vez con modificaciones para convencer a Junts. Este mismo martes, el Gobierno ha pactado con el PNV excluir de la moratoria a aquellos procesos que afecten a propietarios con un único piso en alquiler.
El 'escudo social' no se trocea
La decisión deja en un solo decreto-ley las medidas del llamado 'escudo social', así como el resto de medidas sociales y fiscales que le acompañaban. Fundamentalmente, una batería de incentivos fiscales para ayudar a afectados por los incendios del pasado verano o la DANA en Valencia.
También rebajas fiscales para incentivar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, y favorecer la electrificación.
Junto a la moratoria 'antidesahucios', el decreto-ley incluye los descuentos del bono social y la prohibición de corte de suministros básicos en situación de vulnerabilidad, medidas que se arrastran desde los primeros compases de la pandemia de Covid-19.