Trocear para asegurar. El Gobierno ha decido dividir el contenido del decreto-ley ómnibus, derogado el pasado 27 de enero en el Congreso, en dos decretos-ley.
Uno específico con la subida de las pensiones públicas y otro con el resto de ayudas sociales e incentivos fiscales, entre ellas la moratoria antidesahucios, principal razón que dieron PP y Junts para derogar el decreto-ley.
El Ejecutivo está decidido a prorrogar la moratoria, aunque esta vez con modificaciones para convencer a Junts. Este mismo martes, el Gobierno ha pactado con el PNV excluir de la moratoria a aquellos procesos que afecten a propietarios con un único piso en alquiler.
Finalmente, la moratoria sólo afectará a propietarios a partir de tres viviendas, ya que quien tenga uno o dos pisos quedan fuera. En esos casos, corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia.
En rueda de prensa después del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha limitado también esta cláusula de excepción a la necesidad de contar con un contrato previo, lo que dejaría fuera a los casos de ocupación ilegal.
El 'escudo social' no se trocea
La decisión deja en un solo decreto-ley las medidas del llamado 'escudo social', así como el resto de medidas sociales y fiscales que le acompañaban. Fundamentalmente, una batería de incentivos fiscales para ayudar a afectados por los incendios del pasado verano o la DANA en Valencia.
También rebajas fiscales para incentivar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, y favorecer la electrificación.
Junto a la moratoria 'antidesahucios', el decreto-ley incluye los descuentos del bono social y la prohibición de corte de suministros básicos en situación de vulnerabilidad, medidas que se arrastran desde los primeros compases de la pandemia de Covid-19.
Cómo queda la moratoria antidesahucios
Las modificaciones introducidas limitan el alcance de la moratoria antidesahucios, ya que sólo afectará a aquellos procesos en los que el propietario sea titular de tres viviendas o más.
La rebaja parte de un acuerdo con el PNV, que pese a apoyar el decreto-ley derogado la semana pasada, manifestó su malestar por la continuidad de esta medida.
También es un claro gesto para buscar el decisivo voto de Junts. Tanto los 'jeltzales' como los independentistas catalanes criticaron la medida por su impacto en pequeños propietarios.
La moratoria consiste en una cláusula que habilita a los jueces a paralizar procesos de lanzamiento bajo determinadas circunstancias y siempre y cuando los servicios sociales acreditan situaciones de vulnerabilidad.
Una medida que se arrastra desde los primeros compases de la pandemia, prórroga a prórroga, y que se acompaña de compensaciones a propietarios.