El Gobierno valenciano, presidido por Juanfran Pérez Llorca, ha sustituido este viernes a dos altos cargos de la Consejería de Emergencias. Raúl Quílez, director general de Innovación en Emergencias, presentó días atrás su renuncia tras cuestionar, como testigo ante la jueza de Catarroja, la actuación de la entonces consejera de Interior Salomé Pradas durante la DANA, en particular por el envío “tardío y erróneo” del mensaje masivo a móviles Es Alert.
Asimismo, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, también testigo en el caso y pareja de Quílez, ha sido relevada de su cargo. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, no precisó los motivos de este último cese y remitió a las explicaciones que pueda ofrecer el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.
Nuevos nombramientos
Los nuevos designados son Fernando de las Heras Herrero, comisario principal de la Policía Local de València, que asumirá la Secretaría Autonómica de Emergencias, y Miriam Gil Pascual, ingeniera informática por la Universitat Politècnica de València y especializada en inteligencia artificial, que reemplazará a Quílez al frente del área de Innovación en Emergencias. Barrachina ha agradecido a ambos cesados “los servicios prestados para todos los valencianos”.
Gestión de la dana
Durante su testimonio ante la jueza de Catarroja, Quílez cuestionó las decisiones adoptadas en la fatídica tarde de la DANA, señalando que la alerta se gestionó fuera de la sala de coordinación y negando que existiera discusión entre el subdirector de Emergencias y el jefe de bomberos, como defendía Pradas, imputada en la causa. Además, confirmó haber tenido acceso a los vídeos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que mostraban a Pradas dando instrucciones y asumiendo el mando, grabaciones que permanecieron ocultas al público durante 11 meses.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Barrachina defendió que los cambios en la Consejería no generan inestabilidad, asegurando que el gobierno de Pérez Llorca mantiene “absoluta coherencia” con el programa electoral del PP y contraponiendo la “acreditada estabilidad” del Consell a la “profundísima inestabilidad” observada en España en otros ámbitos, como en la reciente gestión del escudo social en el Congreso de los Diputados bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.