La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya sostiene que Estados Unidos se "dispararía en el pie" si optara por interrumpir el suministro de gas a España como represalia por la posición del Gobierno ante la guerra contra Irán, y ha subrayado que ante este tipo de escenarios la reacción debe hacerse con "la cabeza muy fría" y con "firmeza".
En una entrevista en el programa 'Espejo Público', recogida por Europa Press, González Laya ha contestado así a la hipótesis de que Washington valore restringir el envío de gas o imponer limitaciones de visado a ciudadanos españoles como "castigo" por la negativa del Ejecutivo a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón.
Considera que resultaría "curioso" que Estados Unidos dejara de vender gas a "un buen cliente", más aún cuando el propio Trump ha instado en numerosas ocasiones a los países europeos a incrementar sus compras de gas estadounidense.
Responder a Trump con "cabeza fría" y sin mostrar debilidad
En cuanto a las críticas de Trump a España por el veto al uso de las bases militares, González Laya ha recordado que no es la primera vez que el presidente estadounidense lanza reproches similares contra dirigentes europeos.
Ha mencionado episodios recientes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con la primera ministra de Dinamarca por la cuestión de Groenlandia o con el primer ministro británico por su postura en ejercicios militares. "Lo que tienen en común todos estos casos es que han dicho que no a algo que quería el presidente de Estados Unidos", ha indicado.
A su entender, el mandatario reacciona con más dureza cuando percibe flaqueza en la otra parte. "Cuando uno se muestra débil es objeto de las iras del presidente de Estados Unidos", ha afirmado.
Por ello, defiende que la contestación ante estas presiones debe pasar por mantener "la cabeza muy fría", actuar con "respeto" hacia otros países, pero también con "firmeza" en la defensa de los intereses nacionales.
En su opinión, la "estrategia" política de Trump se sustenta en el "caos", lo que complica encajar sus movimientos en "la diplomacia tradicional".
Una guerra que no es "de necesidad" y la posición de España
Respecto al conflicto con Irán, la exministra insiste en que no se trata de una guerra "de necesidad" ni de una operación de carácter humanitario. "Si lo fuera, tendría el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el objetivo sería proteger a los civiles o los derechos humanos, y nadie ha dicho que ese sea el objetivo", ha señalado.
En esta línea, sostiene que se trata de una "guerra de elección" situada "fuera de todos los marcos normativos internacionales", una lectura que, según ha apuntado, comparten numerosos países que "ni siquiera han sido consultados o informados", pese a ser aliados.
González Laya respalda además la postura de España, que ha optado por una posición "más clara" frente a la intervención militar. A su juicio, el interés nacional pasa por evitar verse "arrastrado a un conflicto" que ya está impactando en la economía internacional y que podría derivar, según la exministra, en efectos sobre la inflación o los flujos migratorios.
Ha recordado que Irán acoge a más de cuatro millones de refugiados, entre ellos afganos, y ha alertado de que la región es un auténtico "polvorín". "No me parece prudente", ha admitido.
El acuerdo nuclear de 2015, "tirado a la papelera"
Por otra parte, González Laya ha rememorado el acuerdo nuclear con Irán alcanzado en 2015 con la mediación de la Unión Europea, Estados Unidos, China y Rusia para impedir que Teherán desarrollara armas nucleares.
Ha explicado que ese pacto incluía mecanismos de verificación internacional y fue "tirado a la papelera" cuando Trump llegó a la Casa Blanca, una decisión cuyas consecuencias se observan ahora.
"Ahora descubrimos cuán terrible fue ese momento y cuánto nos va a costar haber cerrado esa vía diplomática que era probablemente la más útil para contener a Irán en la región", ha señalado.
Asimismo, ha advertido de que la escalada del conflicto en Oriente Próximo puede generar inquietud entre los ciudadanos europeos que se encuentran en la zona y ha apuntado que la Unión Europea podría coordinar eventuales repatriaciones conjuntas, como ya se hizo durante la pandemia de COVID-19.