El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha notificado a España que no ha seguido las recomendaciones sobre la gestión de los asesores políticos ni sobre la modificación de la figura del aforamiento. Expresa su descontento debido a que la normativa para los grupos de interés o ‘lobbies’ aún no se ha concretado y excluye la necesidad de divulgar las agendas de encuentros entre lobistas y altos funcionarios.
En su informe de 2019, el GRECO instó a España a intensificar el régimen de los asesores, igualando los requisitos de transparencia e integridad a los de los altos cargos con responsabilidades ejecutivas, pero observa que hasta ahora no se ha puesto en práctica, según el informe de seguimiento de estas medidas, al que ha tenido acceso Europa Press.
Aunque reconoce que el Gobierno ha realizado algunos avances en esta área, especialmente en el ‘Plan de Acción para la Democracia’, que contempla medidas en este sentido: como el cumplimiento de estándares de idoneidad, la obligación de buena reputación y de poseer la formación necesaria para el cargo.
La propuesta de ley del Gobierno también abarca disposiciones sobre el régimen de exclusividad y un estricto catálogo de incompatibilidades, además de la obligación de hacer públicas las declaraciones de actividades y de bienes y también los ingresos y las agendas de estos asesores políticos. Todas estas obligaciones se equiparan a las de altos cargos públicos como ministros o parlamentarios.
Por otra parte, el GRECO advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de que no ha cumplido otra de las recomendaciones que le hizo en 2019, la reforma de los aforamientos para que esta figura no entorpezca los procesos judiciales contra miembros del Gobierno acusados de corrupción.
En cuanto a la regulación de los ‘lobbies’, el GRECO menciona que los intentos por normar los grupos de interés todavía «no se han materializado en la práctica» y critica que la exigencia de publicar las agendas de los altos cargos que se reúnen con ellos continúa siendo un asunto pendiente. Incluso menciona una «oportunidad perdida» por no incluir esta obligación en la legislación que se está procesando.
Además, destaca que aunque se ha aprobado el anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés en enero pasado, la medida sigue en proceso parlamentario en el Congreso de los Diputados y aún no ha sido aprobada.