El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha emitido un aviso a España por no implementar completamente sus directrices sobre la gestión de los asesores políticos y la modificación de la figura del aforamiento. Además, expresa su decepción debido a que aún no se ha concretado la regulación de los grupos de interés o ‘lobbies’ y se ha omitido la exigencia de divulgar las agendas de encuentros entre lobistas y funcionarios de alto nivel.
En su informe de 2019, el GRECO instó a España a intensificar el régimen para los asesores, igualando las normas de transparencia e integridad a las de los altos cargos con responsabilidades ejecutivas, pero indica que hasta la fecha esto no se ha realizado, según el documento de seguimiento de estas recomendaciones, que ha sido revisado por Europa Press.
Aunque reconoce que el Gobierno ha tomado ciertas medidas en este aspecto, particularmente en el denominado ‘Plan de Acción para la Democracia’, que contempla iniciativas al respecto: como el cumplimiento de estándares de adecuación, la exigencia de una buena reputación y la necesidad de poseer la formación apropiada para el cargo.
La propuesta legislativa del Gobierno también abarca disposiciones sobre el régimen de exclusividad y un catálogo riguroso de incompatibilidades, así como la obligación de publicar las declaraciones de actividades y de patrimonio y también los ingresos y las agendas de estos asesores políticos. Todas estas obligaciones son comparables a las de altos funcionarios públicos como ministros o parlamentarios.
No obstante, el GRECO concluye que la ley todavía no ha sido ratificada por el Consejo de Ministros y por lo tanto no ha podido evaluarlas, por lo que no puede considerar cumplido este objetivo de regular la labor de los asesores.
FACILITAR PROCESOS CONTRA EL GOBIERNO
Por otro lado, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de que no ha cumplido otra de las recomendaciones que le hizo en 2019, la reforma de los aforamientos para que esta figura no dificulte los procesos judiciales contra miembros del Gobierno acusados de corrupción.
En el informe se menciona que las autoridades españolas citan varias reformas realizadas por distintas entidades subnacionales pero ninguna modificación a nivel nacional, que es el ámbito de esta evaluación, se destaca.
El Ejecutivo sostiene que el aforamiento no exime de responsabilidad a las personas investigadas sino que sitúa la instrucción en manos del Tribunal Supremo. Sin embargo, el organismo observa que no ha habido avances significativos para adoptar esta recomendación.
OPORTUNIDAD PERDIDA
En cuanto a la regulación de los ‘lobbies’, el GRECO indica que los esfuerzos para regular los grupos de interés todavía «no se han materializado en la práctica» y lamenta que la exigencia de publicación de las agendas de los altos cargos que se reúnan con ellos sigue siendo una cuestión pendiente. Incluso menciona una «oportunidad perdida» por no incluir esta obligación en la legislación en trámite.
A pesar de celebrar la aprobación del anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés en enero pasado, subraya que la medida todavía sigue en proceso legislativo en el Congreso de los Diputados y no ha sido aprobada.
También critica que la ley se concentra únicamente en los lobistas y no presta mucha atención a los altos cargos que se reúnen con ellos y que pueden ser objeto de influencia.
Adicionalmente, detecta avances parciales en algunas medidas como la transparencia y el acceso a documentos oficiales «desde la entrada en vigor del convenio del Consejo de Europa» sobre la materia, aunque todavía expresa su preocupación por los «largos plazos de respuesta» y las dificultades para el acceso público.
MÁS INDEPENDENCIA PARA LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERÉS
En este ámbito, señala que el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno ha ganado mayor independencia aunque todavía está pendiente de aprobación legislativa su plena capacidad sancionadora.
Asimismo, considera que las restricciones al empleo para las personas que han desempeñado un cargo político, las llamadas ‘puertas giratorias’ y los requisitos de declaración financiera, necesitan ser reforzados.
En particular, en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. En ese sentido señala que la Oficina de Conflictos de Interés sigue careciendo de una verdadera independencia y presupuesto propio.