La organización Juezas y Jueces para la Democracia ha exigido que las compañías que logren contratos públicos mediante sobornos enfrenten sanciones severas y ha apoyado las iniciativas anticorrupción anunciadas recientemente por el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
‘Tiene que salir muy caro tratar de adjudicarse una obra ilícitamente por medio de comisiones o mordidas’, afirmó Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del grupo. Rodríguez Achútegui enfatizó en la necesidad de que las firmas implicadas en corrupción ‘que tienen que perder todos los contratos que hayan conseguidos con su intervenciones delictivas’ y subrayó la importancia de imponer penas ‘efectivas’ para evitar su participación en futuras licitaciones.
Además, el portavoz consideró ‘un paso en el camino correcto’ la propuesta de extender el plazo de prescripción para los delitos de corrupción, pero insistió en la necesidad de ‘reformas preventivas’ y un mejor equipamiento para ‘la administración de justicia para atajar esta forma de corrupción’.
Finalmente, Rodríguez Achútegui sugirió que se integren en los procesos de licitación ‘las garantías que exige la Unión Europea para la concesión de fondos ‘Next Generation’ y la implementación de ‘controles adicionales mediante de herramientas de inteligencia artificial’ para una detección más ágil y efectiva de corrupción por parte de las autoridades judiciales.