Access Info Europe, APRI, Civio, Hay Derecho y Political Watch han hecho un llamado al Gobierno de Pedro Sánchez y a los demás grupos parlamentarios para que, entre otras medidas, se aumenten los recursos y se garantice mayor independencia a las entidades existentes que combaten la corrupción.
En una declaración, los grupos mencionados manifiestan su ‘enorme preocupación’ por lo que describen como ‘falta de avances’ y ‘parálisis’ del gobierno en cuanto a la regeneración democrática, especialmente después de los escándalos de corrupción vinculados al Ejecutivo y al PSOE que llevaron, entre otras cosas, a la prisión de Santos Cerdán, ex secretario de Organización de los socialistas.
Consideran que España se encuentra en una ‘crisis institucional que se agrava cada día’ en un ambiente de ‘corrupción generalizada’ y de ‘espadas a la ciudadanía’. En este contexto, Javier Pérez de Political Watch ha expresado a Europa Press que ‘Necesitas el consenso del resto de partidos para dar continuidad’, aunque se muestra escéptico sobre las promesas gubernamentales, pues cree que las soluciones propuestas por el gobierno requieren una visión a largo plazo que sobrepasa esta legislatura.
Pérez también criticó la falta de medidas para eliminar las ‘puertas giratorias’ y los nombramientos a dedo, que considera son grandes problemas en el país en términos de regeneración democrática.
OFICINAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Las cinco asociaciones han enviado al gobierno las reformas que consideran ‘urgentes’ para abordar este problema. Sugieren ‘reforzar y blindar’ los mecanismos anti-corrupción, aumentando la capacidad de entidades como la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Además, piden actualizar la Ley de Transparencia para asegurar el acceso a la información como un derecho fundamental y transformar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un órgano independiente con verdadera autoridad y recursos.
MENOS DECRETO LEY, MÁS PARLAMENTO
Las organizaciones también enfatizan la necesidad de regular de manera ‘integral’ los grupos de interés y reforzar el control de los conflictos de intereses. Proponen la creación de una Oficina de Conflictos de Intereses ‘verdaderamente independiente’ y llaman a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana con reformas que hagan más accesibles los métodos de participación pública.
Finalmente, sugieren mejorar la calidad normativa y reforzar el papel del Parlamento, limitando el uso del Real Decreto-ley a situaciones estrictamente definidas por la Constitución.
‘Estas cinco reformas se consideran mínimos indispensables para frenar el deterioro institucional y reconstruir la confianza ciudadana’, concluyen las asociaciones.