Varias organizaciones como Access Info Europe, APRI, Civio, Hay Derecho y Political Watch han solicitado tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a los demás grupos del parlamento que se fortalezca con más recursos y autonomía a las entidades ya creadas para combatir la corrupción.
En una declaración, los grupos firmantes manifiestan su ‘enorme preocupación’ por lo que ven como una ‘falta de avances’ y una ‘parálisis’ del Gobierno en cuanto a regeneración democrática después de los escándalos de corrupción vinculados al Ejecutivo y al PSOE, que incluyen la encarcelación del ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán.
Consideran que España enfrenta una ‘crisis institucional que se agrava cada día’ en un marco de ‘corrupción generalizada’ y de ‘espadas a la ciudadanía’. Javier Pérez, director de Political Watch, en una intervención a Europa Press, mencionó que las administraciones recientes no han priorizado adecuadamente la lucha contra esta problemática, aunque reconoce algunos progresos en las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en su reciente intervención ante el Congreso por el ‘caso Cerdán’.
Pérez señala un cierto ‘escepticismo’ ya que las estrategias del Gobierno necesitan una visión a medio y largo plazo que supera la duración de esta legislatura, y subraya la importancia de ‘Necesitas el consenso del resto de partidos para dar continuidad’. Admitió la ausencia de estrategias efectivas contra las ‘puertas giratorias’ y los nombramientos políticos, que considera grandes problemas en el país en términos de regeneración democrática.
OFICINAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Las asociaciones han enviado al Gobierno medidas que ven como ‘urgentes’, como fortalecer entidades como la Autoridad Independiente de Protección del Informante con ‘independencia real, recursos y capacidad sancionadora’ y mejorar la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Además, reclaman una actualización de la Ley de Transparencia y asegurar el acceso a la información como un derecho fundamental, transformando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una entidad independiente y con autoridad sancionadora.
MENOS DECRETO LEY, MÁS PARLAMENTO
Piden una regulación integral de los grupos de interés y un control más riguroso de los conflictos de interés, sugiriendo la creación de una Oficina de Conflictos de Intereses independiente. También proponen fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y modernizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que sea más efectiva.
Finalmente, sugieren mejorar la calidad normativa y reforzar el papel del Parlamento, limitando el uso del Real Decreto-ley a los casos estrictamente definidos por la Constitución. Concluyen que estas cinco reformas son esenciales para detener el deterioro institucional y restaurar la confianza de los ciudadanos.