Esquerra (ERC), Bildu, el PNV y el BNG, junto con Compromís y miembros de Sumar como los Comuns y Més per Mallorca, han presentado una proposición de ley orgánica para reconocer el catalán, euskera, gallego, valenciano y mallorquín como lenguas oficiales en toda España, eliminando la obligación de traducir estos idiomas al castellano en la administración pública.
Esta iniciativa busca corregir lo que estos grupos consideran un ‘desequilibrio y error histórico’ que ha situado al castellano en una posición de privilegio en las instituciones estatales, según los 22 diputados firmantes de diversos partidos que comparten esta causa.
La proposición, redactada por Joan Ridao, antiguo portavoz de ERC, argumenta que la protección constitucional de la diversidad lingüística no se ha implementado efectivamente, manteniendo normas que penalizan la oficialidad dual. Se pretende que los ciudadanos puedan interactuar con el Poder Judicial y otras instituciones estatales en su lengua materna con total validez jurídica, incorporando obligaciones de capacitación lingüística y adecuaciones en las plataformas digitales y procedimientos administrativos.
Norma vehicular en la Educación
La ley también propone que la lengua propia de cada comunidad autónoma se utilice normalmente como vehicular en el ámbito educativo, garantizando el dominio de esta y el castellano al concluir la educación básica. Gabriel Rufián de ERC subrayó la importancia de que las lenguas cooficiales sean utilizadas libremente en todas las instituciones del Estado.
Representantes de otros partidos también expresaron su apoyo a la medida, destacando que fortalecerá el plurilingüismo y corregirá asimetrías entre el castellano y otras lenguas oficiales.
Desde Compromís y los Comuns se remarca la urgencia de esta ley ante la amenaza a las lenguas regionales por políticas gubernamentales restrictivas.