Este martes, el Pleno del Congreso determinará si procede con la proposición de ley presentada por Sumar, que propone la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción con facultad sancionadora. Esta propuesta, registrada en marzo de 2024, busca insertarse dentro del Plan Anticorrupción del Gobierno de coalición.
El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, destacó en una rueda de prensa el viernes que desde su registro, “han ocurrido muchas cosas y se ha constatado la gravedad de la corrupción” en España, citando casos recientes de corrupción que involucran a exmiembros del PSOE y del PP.
La coalición gubernamental ha presentado el Plan Estatal de lucha contra la corrupción, cuya primera medida es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. “Nos hemos alegrado mucho de que la primera medida recogida por el Gobierno sea esta propuesta que formulamos y registramos en el año 2024”, expresó el diputado de Sumar, enfatizando la intención de que su propuesta sea la base para cumplir las promesas anticorrupción del Gobierno.
POTESTAD SANCIONADORA Y UN DIRECTOR INDEPENDIENTE
La ley propuesta por Sumar incluye la creación de una oficina con amplias funciones en la prevención, detección, investigación, erradicación y sanción de la corrupción. “Técnicamente es una ley más que sólida, pero estamos abiertos a su mejora, por supuesto, a su ampliación”, afirmó Santiago. La ley también contempla sanciones significativas tanto para empresas como para individuos, en los casos más graves.
El nuevo ente tendría autonomía como autoridad independiente, con un director no afiliado a partidos políticos y un cuerpo de inspección seleccionado mediante oposición. Sus funciones incluirían la investigación de irregularidades en el uso de fondos públicos y la imposición de sanciones severas.
OTRAS ASIGNATURAS PENDIENTES
Adicionalmente, Santiago resaltó que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha criticado que, a pesar de algunos avances, España aún no implementa la mayoría de sus recomendaciones anticorrupción. Entre las recomendaciones urgentes se incluyen la regulación de asesores y la transparencia, la limitación de los aforamientos y la mejora en la prevención de la corrupción en cuerpos de seguridad como la Policía Nacional.
“Nuestra posición es clara: los aforamientos deben ser eliminados”, insistió Santiago, subrayando mejoras reconocidas en la Guardia Civil y la regulación de los ‘lobbies’, a pesar de la oposición de la derecha. Además, mencionó casos pendientes de corrupción que afectan a más de 150 dirigentes del Partido Popular y otros casos en el PSOE, demandando ‘medidas contundentes’ para evitar su repetición.