Exceptuando a las entidades progresistas, todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado a una huelga de tres días –1, 2 y 3 de julio– en respuesta a las reformas propuestas por el Gobierno en relación con el acceso a sus respectivas carreras y la Fiscalía. Argumentan que estas modificaciones constituyen un ataque a la independencia judicial y, por lo tanto, al Estado de Derecho. Sin embargo, el ministro del ramo, Félix Bolaños, ha afirmado que no habrá marcha atrás, describiendo las reformas como «imprescindibles» para la modernización de la Justicia.
El anuncio de huelga fue precedido por un paro de 10 minutos el 11 de junio y una concentración frente al Tribunal Supremo el pasado sábado, organizados por entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El 17 de junio, estas cinco asociaciones propusieron desconvocar la huelga si el Ejecutivo retiraba las reformas, oferta que fue rechazada por el Ministerio de Justicia.
En una carta, Bolaños explicó que las reformas son fundamentales para enfrentar los desafíos del siglo XXI y actualizar estructuras que han permanecido inalteradas desde el siglo pasado. «Estoy convencido de que tendréis ocasión de estudiar el detalle de este proyecto de ley y, en su caso, proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria», expresó el ministro, invitando a las asociaciones a colaborar activamente en el proceso.
Representantes de estas asociaciones se reunieron con diputados del grupo socialista, quienes se comprometieron a «mejorar» el texto durante el trámite parlamentario, aunque los convocantes percibieron estas promesas como insuficientes.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»
Las asociaciones critican que las reformas debilitarán la independencia judicial al «rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración». Además, advierten que se pretende aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien seguirá siendo nombrado por el Gobierno sin contrapesos adecuados.
Bolaños, por su parte, sostiene que estas preocupaciones son «infundados», y recuerda que todas las reformas significativas en la historia de la democracia española inicialmente enfrentaron resistencia, pero con el tiempo se han convertido en consensos amplios.
EL CGPJ AVISA DE QUE LA HUELGA NO TIENE SOPORTE LEGAL
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han decidido no unirse a la huelga. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado que el derecho a huelga no tiene soporte legal para los miembros de la carrera judicial. Sin embargo, no se aplicarán sanciones disciplinarias a quienes participen en la huelga, según fuentes consultadas.
Las asociaciones insisten en que «el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española» y advierten que no descartan tomar más medidas dependiendo de la respuesta institucional y el estado parlamentario de las reformas.