El diputado de Compromís en el Congreso, integrado en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado este sábado al Gobierno que refuerce el actual 'escudo social' incorporando un nuevo gravamen sobre las grandes cadenas de supermercados, ante el encarecimiento de combustibles y alimentos derivado de la guerra de Irán.
Hace unas semanas, el Congreso dio luz verde a un decreto del Ejecutivo con un paquete de 80 medidas destinado a movilizar hasta 5.000 millones de euros para mitigar el impacto del conflicto bélico, con rebajas del IVA a los carburantes y ayudas directas a los sectores más vulnerables, entre otras actuaciones.
En esa misma línea, el Consejo de Ministros aprobó a finales de marzo otro decreto de carácter más social, impulsado por Sumar, que contempla, entre otras iniciativas, la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda que finalicen este año. No obstante, este texto aún no se ha remitido al Congreso para su convalidación. El Gobierno ha decidido agotar el plazo hasta finales de abril para someterlo al Parlamento, al no disponer todavía de los apoyos necesarios, ya que se da por hecho que PP, Vox y Junts votarán en contra.
“La unidad de las izquierdas pasa por defender techo, energía y cesta de la compra. El escudo social incluye la prórroga de alquileres. Ahora recuperará el impuesto al oligopolio energético. También debería incluir un impuesto inteligente a las grandes cadenas de supermercados”, ha señalado el diputado en su cuenta personal en “X”.
Según Ibáñez, las familias con menos recursos son quienes más están notando la subida del precio de los alimentos y del combustible ligada a la crisis en Oriente Medio. Por este motivo, el dirigente de Compromís reclama que esta nueva figura fiscal se incorpore al 'escudo social' puesto en marcha por el Gobierno.
Del mismo modo, emplaza a la alianza de izquierdas a cerrar filas en torno a estas propuestas, subrayando la relevancia de la política de vivienda y la necesidad de mantener la prórroga de los alquileres para las personas en situación más precaria.
Las declaraciones del parlamentario se producen tras el anuncio de este sábado en el que España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha pedido a la Comisión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. El objetivo es que el reciente repunte del precio de los combustibles no recaiga íntegramente sobre los consumidores, contribuir a contener la inflación y evitar una mayor presión sobre las cuentas públicas.